José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo), se ha convertido en el hombre invisible en los entramados de corrupción Calamar y Senasa, en los que ha llevado una vida doble, actuando indistintamente como héroe o como villano.
Según el Ministerio Público, era mano derecha de Santiago Hazim, para el cobro de sobornos en el Seguro Nacional de Salud y de Mimilo Jiménez, para lo mismo en Calamar.
No obstante, el Ministerio Público lo preserva como un testigo clave que le ha permitido tener en el banquillo de los acusados al exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y al exdirector del Senasa, Santiago Hazim.
Para la defensa de Gonzalo, en cambio, Ortiz Giráldez es un villano a quien el órgano acusador utiliza como “pieza útil en expedientes de interés político”.
Así lo planteó Laura Acosta, quien encabeza la defensa de Castillo en el caso Calamar y que asegura que desde hace años el MP disponía de información suficiente para detener las operaciones ilícitas atribuidas a Ortiz Giráldez, pero que habría decidido no actuar en su contra, “para preservarlo como testigo estratégico en expedientes contra exfuncionarios del pasado Gobierno”.
Durante una exposición ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, la abogada mostró pruebas de que en el 2022 el Ministerio Público había solicitado información sobre la empresa OGSS Prestadora de Salud SRL, propiedad de Ortiz Giráldez, quien según el propio órgano de persecución las habría utilizado en el caso Senasa, “como plataforma para recibir, canalizar y disimular” el origen de los recursos entregados en soborno…”
Acosta indicó que, sin embargo, ocho meses después, cuando la procuradora general, Yeni Berenice y el director de Persecución, Wilson Camacho, interrogaron a Ortiz Giráldez sobre el caso Senasa, le creyeron cuando afirmó que no tenía bienes, lo que calificó como “privilegio procesal sin objetividad”.
Agregó que el mismo patrón se repitió tres años después, en la solicitud de coerción del caso Senasa, donde dijo, “Ortiz Giráldez reaparece vinculado a empresas y operaciones cuestionadas”, pero nuevamente sin enfrentar cargos, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público ha adoptado una estrategia deliberada para blindar al testigo y utilizarlo como pieza en expedientes de interés político.
“Es un privilegio procesal inadmisible. Ortiz Giráldez ha sido protegido sistemáticamente, aun cuando las evidencias indican que su rol ameritaba una investigación profunda. El Ministerio Público sabía lo que ocurría y optó por no detenerlo”, subrayó la defensa de Gonzalo.
Indicó que cuando se analiza el trato dado a Ortiz Giráldez, “en el fraude procesal que se ha cometido en la acusación contra Gonzalo Castillo (caso Calamar), queda claro que el Ministerio Público no persigue la verdad, sino, un resultado político”.
Durante la exposición ante el tribunal, la defensa técnica de Catillo, que además de Laura la integra Naseff Perdomo y Luis Rivas, afirmó que la selección de testigos privilegiados y la “manipulación temporal de pruebas” han contaminado el proceso contra su cliente, desde el origen.
Reveló que conversaciones telefónicas incorporadas por la propia acusación, “evidencian contactos y coordinaciones directas entre estas personas y actores con capacidad de influencia dentro del Ministerio Público”, incluso antes de que existiera el juez apoderado del proceso.
TESTIMONIO DE ABU NABA
Como supuesta evidencia de que el MP habría preparado versiones de los hechos para algunos testigos, la defensa de Castillo dijo que en el caso de Mustafá Abu Naba, en su teléfono “fue hallado un documento titulado `Relación de hechos`, recibido días antes de su interrogatorio formal y cuyo contenido coincidía en sentido y orden con las respuestas que habría presentado posteriormente ante la procuradora”.
“La acusación presenta a Abu Naba como víctima de una supuesta extorsión atribuida a Gonzalo Castillo, sin más prueba que su palabra, lo que lo beneficia en el arbitraje internacional que mantiene contra el Estado dominicano ante el Ciadi, con un riesgo superior a USD90 millones”, puntualizó Acosta.
La defensa técnica de Gonzalo concluirá hoy su exposición, para dar paso a la del imputado José Ramón Peralta, en el juicio preliminar donde la jueza Rodríguez decidirá si las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra los encartados en el caso Calamar tienen mérito para enviarlos o no a juicio de fondo.
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