China cerró este jueves uno de los capítulos más oscuros de su lucha contra las redes criminales del Sudeste Asiático con la ejecución de once miembros de la familia Ming, un poderoso clan mafioso que durante años gobernó de facto amplias zonas del norte de Birmania. Los condenados fueron hallados culpables de homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, según informaron medios estatales chinos.
La sentencia fue dictada en septiembre del año pasado por un tribunal de la provincia de Zhejiang y aprobada posteriormente por el Tribunal Popular Supremo, que consideró “concluyentes y suficientes” las pruebas presentadas por la fiscalía. La amplia difusión del fallo tuvo un objetivo claro: advertir que China actuará con máxima severidad contra las redes criminales transnacionales que afectan a sus ciudadanos.
La familia Ming formaba parte de las conocidas como las “cuatro familias” del norte de Birmania, clanes de origen étnico chino que controlaban estafas online, casinos ilegales y milicias armadas. Durante años dominaron Laukkaing, capital de la región autónoma de Kokang, una ciudad fronteriza con China que se transformó en un epicentro de juego ilegal, prostitución y trata de personas.
De acuerdo con el tribunal, entre 2015 y 2023 las operaciones vinculadas al clan generaron más de 10.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 1.200 millones de euros. El grupo construyó una compleja red de fraude digital que atrapó a miles de ciudadanos chinos, trasladados a Birmania con falsas ofertas de empleo y obligados, bajo amenazas y torturas, a estafar a víctimas en distintos países, principalmente mediante engaños telefónicos y en línea.
Las investigaciones revelaron que jóvenes eran captados a través de anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez cruzaban la frontera, les confiscaban los pasaportes y comenzaba un régimen de cautiverio marcado por jornadas interminables frente a pantallas, guiones de estafa emocional y castigos físicos por no cumplir objetivos. En los casos más extremos, se documentaron torturas y asesinatos ejemplarizantes dentro de complejos vigilados por hombres armados, descritos por las autoridades como auténticas “granjas humanas del fraude”.
El núcleo del imperio criminal estaba en el complejo Crouching Tiger Villa, en Laukkaing, dirigido por el patriarca del clan, Ming Xuechang, exmiembro del Parlamento estatal birmano con estrechos vínculos con las estructuras de poder locales. Su influencia se sostuvo durante años gracias a la connivencia tanto de la Junta Militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de 2021 como de milicias rebeldes enfrentadas al régimen.
El entramado comenzó a derrumbarse en 2023, cuando la presión de Pekín, principal aliado del régimen birmano, forzó una respuesta militar. Ese año se produjeron arrestos clave y China ofreció recompensas de hasta 70.000 euros por información que permitiera capturar a los principales responsables. El caso de un actor chino secuestrado tras viajar a Tailandia por una supuesta oferta laboral y retenido en un centro de estafas en Birmania se viralizó en redes sociales, desatando una ola de indignación pública que aceleró la actuación de las autoridades.
Las ejecuciones incluyeron a Ming Guoping, hijo del patriarca y líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang, una milicia alineada con la Junta. Ming Xuechang, por su parte, se suicidó bajo custodia antes de ser condenado. Según la sentencia, las actividades del clan contribuyeron directamente a la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos.
Kokang, enclave de mayoría étnica china con fuertes lazos históricos, lingüísticos y comerciales con China, fue durante décadas un refugio para el contrabando, el narcotráfico y el juego ilegal. Tras el aislamiento internacional del régimen birmano, estas redes criminales se convirtieron en una fuente clave de ingresos para las autoridades militares, hasta que la presión de Pekín acabó con la impunidad de los clanes que dominaron la región.
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