Tres meses después del último «cierre», Estados Unidos volverá a estar este viernes a medianoche en situación de parálisis presupuestaria, pese al acuerdo alcanzado el jueves entre la Casa Blanca y los demócratas, con el que se debería evitar una crisis duradera.
En medio de la indignación por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por el presidente Donald Trump, la oposición demócrata se negó inicialmente a aprobar un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
De producirse, sería el segundo cierre o «shutdown» –cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente– desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Sin embargo, este cierre podría durar poco, ya que Donald Trump anunció el jueves por la noche que alcanzó un compromiso con los demócratas para que estos aprueben cinco de los seis apartados que componen el paquete presupuestario.
La parte tocante al DHS, y por ende, a la ICE, se negociará de nuevo en las próximas semanas.
«Lo único que puede ralentizar nuestro país es otro cierre largo y nefasto del Estado federal», declaró el republicano en su plataforma Truth Social.
El Senado debería someter ese nuevo texto a votación este viernes.
Pero, como esa versión es distinta a la que había aprobado antes la Cámara de Representantes, la propuesta de ley tendrá que regresar a esa cámara, que no podrá votarla hasta el lunes, como muy pronto.
Así las cosas, el Estado federal volverá a estar este viernes a medianoche en situación de cierre parcial .
– «Brutalidad» –
El líder republicano de la Cámara, Mike Johnson, declaró que los congresistas estudiarán la nueva versión en cuanto regresen a Washington.
«Nos pondremos a ello inmediatamente», declaró a la prensa durante el estreno en Washington del filme «Melania», producido por la primera dama.
La semana pasada, todo apuntaba que el texto sería aprobado en el Senado antes del 31 de enero, cuando expira el plazo, pero los hechos ocurridos el sábado pasado en Minéapolis cambiaron las tornas.
Las muertes de Renee Good y de Alex Pretti, ambos baleados por agentes federales de ICE con pocas semanas de diferencia en esa metrópolis del norte de Estados Unidos, provocaron gran indignación entre la clase política.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad, y la obligación moral, de actuar», dijo el jueves el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Los cierres congelan temporalmente la financiación de operaciones federales no esenciales, obligan a las agencias a suspender sus servicios y a enviar a casa o hacer trabajar sin sueldo a cientos de miles de empleados públicos.
Según el plan actual, departamentos encargados de áreas como la educación, el transporte, la vivienda, la salud y la defensa podrían verse afectados.
Irónicamente, la medida no impactaría tanto en el propio ICE, al que se destinó una partida de unos 75.000 millones de dólares en cuatro años, a través de una ley impulsada por Trump y firmada en 2025.
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