A los cuestionamientos que rodean a Seguros Reservas se suma un seguro de vida y accidentes personales contratado por el Ministerio de Educación (Minerd). El cual ha sido señalado por manejarse de manera poco transparente, sin estadísticas oficiales públicas ni información clara para sus supuestos beneficiarios.
Se trata de la Póliza Colectiva de Accidentes Personales de Estudiantes, suscrita desde el año 2022 entre el Minerd y Seguros Reservas, con la empresa Segurnet como intermediaria. El contrato habría implicado una inversión superior a los 500 millones de pesos anuales, sin que hasta el momento padres, estudiantes y centros educativos conozcan con precisión los beneficios, procedimientos de reclamación o el uso real de la cobertura.
De acuerdo con los cuestionamientos planteados, no existen datos oficiales que sustenten la finalidad del seguro ni estadísticas sobre beneficiarios efectivos o reclamaciones realizadas. Asimismo, se denunció que, pese a solicitudes formales realizadas al Ministerio de Educación, Seguros Reservas y la intermediaria Segurnet, ninguna de las instituciones ha suministrado información detallada sobre los acuerdos suscritos ni sobre la ejecución de la póliza.
Protección y beneficios del seguro escolar
Según la documentación disponible, a la que tuvo acceso el equipo del programa Reporte Especial, el seguro está diseñado para beneficiar a estudiantes de todas las tandas escolares y contempla coberturas por muerte accidental, desmembramiento, invalidez total y permanente, gastos médicos y últimos gastos en caso de fallecimiento. En situaciones de muerte accidental, la póliza establece una indemnización de hasta 150 mil pesos.
La cobertura incluye gastos médicos derivados de accidentes, como honorarios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y servicios odontológicos. También cubre los gastos funerarios, que la aseguradora puede pagar directamente a los proveedores o entregar a los beneficiarios designados.
No obstante, especialistas y críticos cuestionan la necesidad de esta póliza, al señalar que el Estado ya ofrece coberturas similares a través de la seguridad social. Lo que plantearía una posible duplicidad de beneficios. A su juicio, el objetivo del seguro no sería la protección efectiva de los estudiantes, sino la generación de ganancias para los actores involucrados.
Uno de los puntos más criticados es el desconocimiento generalizado del seguro. Padres, madres, estudiantes e incluso directores de centros educativos aseguran no haber recibido información sobre la existencia de la póliza ni sobre los mecanismos para hacer uso de ella. En la práctica, cuando ocurren accidentes escolares, los estudiantes son atendidos como casos rutinarios, sin activarse ningún protocolo de aseguramiento.
Alcance de la cobertura de la póliza escolar
La póliza establece que la cobertura se extiende a todas las tandas, incluyendo la tanda nocturna, la tanda extendida, excursiones y campamentos. También incluye proyectos estudiantiles y actividades oficiales organizadas por los centros educativos. De igual forma cubre accidentes ocurridos en el trayecto desde y hacia la escuela, incluso en motocicletas, siempre que el conductor esté legalmente autorizado, no se encuentre bajo los efectos del alcohol o drogas, y no esté involucrado en actividades ilícitas o competencias de velocidad.
Asimismo, contempla cobertura por riñas, motines dentro de los planteles e intoxicaciones accidentales. Así como incidentes relacionados con el desayuno y el almuerzo escolar, cuyos pagos se realizarían bajo la modalidad de reembolso.
Sin embargo, el contrato presenta contradicciones internas. Mientras algunas cláusulas limitan la cobertura a trayectos específicos y condiciones estrictas, otras establecen una cobertura de 24 horas, lo que genera dudas. Dado que el sistema educativo dominicano no opera de manera continua durante todo el día.
También se cuestionan los criterios de edad, ya que la póliza fija un ingreso mínimo de 4 años y máximo de 35, pero extiende la cobertura hasta los 40 años. Lo que, según críticos, carece de justificación. Esto especialmente tratándose de adultos que deberían contar con seguros básicos por su condición laboral.
Ante este panorama, crecen los reclamos para que el Ministerio de Educación y Seguros Reservas expliquen con claridad los alcances reales del seguro, los criterios utilizados para su contratación y el destino de los fondos públicos invertidos.
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