Santo Domingo.- La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó su profunda preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual podría afectar gravemente al Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país. El fallo ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y dispone, en los hechos, la exclusión de determinadas parcelas.
Más allá del alcance jurídico de la decisión, la Coalición advierte que esta sentencia corre el riesgo de validar históricas pretensiones orientadas a la apropiación irregular de terrenos ubicados en zonas de conservación estricta.
Según señala, se trata de un entramado sistémico que, con el paso del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras destinadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios.
Esta persistencia, afirma la organización, representa actualmente la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y debe ser detenida con firmeza para evitar la enajenación del patrimonio público.
La Coalición advierte que la decisión judicial, tal como ha sido dictada, plantea serios riesgos para la integridad del SINAP y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.
De confirmarse este criterio, se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley, debilitando el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la nación.
“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Las áreas protegidas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental y social esencial para la sostenibilidad”.
Asimismo, la Coalición alerta que esta interpretación, que califica de temeraria, podría abrir la puerta a una judicialización masiva del SINAP, generando incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios consagrados en la Constitución de la República y en diversos acuerdos internacionales de los que el país es signatario, en particular el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Las organizaciones que integran la Coalición reiteran que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y subrayan que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
En ese mismo sentido, la Coalición manifiesta su disposición de constituirse en interviniente voluntaria en los procesos judiciales pertinentes, con el objetivo de revertir lo que considera un desatino. Además, hace un llamado respetuoso a las instancias judiciales competentes para que, al conocer los recursos correspondientes, ponderen adecuadamente los derechos colectivos, el principio de no regresión ambiental y el interés público, garantizando que ninguna decisión judicial debilite estructuralmente el sistema de áreas protegidas.
Finalmente, la Coalición reafirma su compromiso permanente con la defensa del patrimonio natural, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
SOBRE LA COALICIÓN
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Este pronunciamiento está firmado por la Comisión Ambiental de la UASD, la Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Moscoso Puello, Guaikia Ambiente, la Federación de Campesinos hacia el Progreso, la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD), Cúa Conservancy y el Grupo Jaragua.
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