El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está poniendo en riesgo las aspiraciones universitarias de miles de estudiantes centroamericanos indocumentados que cada año culminan la secundaria. Un informe reciente del Migration Policy Institute (MPI), elaborado junto a la Oficina del Censo, estima que unos 34 mil jóvenes de la región podrían obtener su diploma, pero enfrentan un escenario de crecientes restricciones legales que limita su acceso a la educación superior.
El estudio indica que cerca de 90 mil estudiantes indocumentados cursan el último año de secundaria en cada ciclo escolar, de los cuales aproximadamente 75 mil logran graduarse. De ese total, los centroamericanos representan el 38%, con una presencia destacada de jóvenes de Honduras (15%), Guatemala (14%) y El Salvador (9%). En términos absolutos, alrededor de 8 mil salvadoreños alcanzarían el grado este año. El informe subraya que estos estudiantes concluyen su etapa escolar en medio de cambios legislativos rápidos que influyen directamente en sus oportunidades futuras.
El contexto migratorio del país también ha cambiado de forma significativa en las últimas dos décadas. El MPI calcula que a mediados de 2023 residían 13,7 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, frente a 10,5 millones en 2010. Aunque la proporción de migrantes de origen mexicano ha disminuido, los flujos recientes se han diversificado con nuevas llegadas desde Centroamérica, Asia y África. Casi la mitad de los estudiantes indocumentados se concentra en Texas, California, Florida y Nueva York, donde las políticas estatales determinan en gran medida sus opciones educativas.
Sin embargo, el principal golpe ha llegado por la vía legislativa y judicial. Desde inicios de 2025, varios estados han eliminado beneficios que durante dos décadas permitieron a graduados indocumentados pagar matrícula estatal en universidades públicas. Florida revocó esa política por decisión legislativa, mientras que Texas y Oklahoma la perdieron por fallos federales. A nivel nacional, el programa DACA continúa cerrado a nuevos solicitantes desde 2017, y sus reglas actuales impedirían que menores de 18 años accedan al beneficio en 2025, incluso si se reabriera. Otras protecciones como el TPS también han sido restringidas durante el mandato del presidente Donald Trump.
El endurecimiento migratorio no solo afecta la universidad, sino la permanencia en la escuela. El MPI advierte que el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la eliminación de la política de “lugares sensibles”, ha generado temor entre familias. En distritos de California con redadas recientes, las ausencias escolares subieron un 22% a inicios de 2025, mientras que en Durham, Carolina del Norte, más de una cuarta parte del alumnado faltó a clases tras operativos migratorios. Aunque algunos legisladores han amenazado con impugnar el fallo Plyler v. Doe (1982), que garantiza educación pública sin importar el estatus migratorio, ninguna ley estatal ha logrado aún restringir ese derecho.
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