Santo Domingo.- En el último mes del año, 66,526 nuevas motocicletas importadas fueron registradas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que incrementó la cantidad de ese tipo de vehículos en el país a 3,872,238 unidades, cifra que representa el 58 % de los 6.6 millones de vehículos de motor que circulan en República Dominicana.
Estas nuevas unidades vienen a acrecentar el caos y la inobservancia de las normas de tránsito, factores que convierten a la República Dominicana en uno de los tres países con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito en el mundo por cada 100 mil habitantes.
En términos prácticos, más de uno de cada dos vehículos que circulan en el país es una motocicleta, lo que equivale a casi una motocicleta por cada tres habitantes.
El crecimiento anual sostenido de las motocicletas se explica por su bajo costo, la facilidad de financiamiento y su uso intensivo como herramienta de trabajo informal.
Este peso desproporcionado en el parque vehicular tiene un correlato directo en la siniestralidad vial. Las estadísticas de salud y tránsito indican que más del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito involucran motocicletas, una proporción que se mantiene alta desde hace varios años y que coloca al país entre los de mayor mortalidad vial del mundo.
Las salas de emergencia y las unidades de trauma reciben diariamente víctimas de accidentes en motocicletas, muchas de ellas con lesiones graves, amputaciones o discapacidades permanentes.
El problema no es la motocicleta en sí, sino la forma en que se usa y la ausencia de un control efectivo del Estado.
En las calles del país se ha normalizado un patrón de conducción temeraria, con motociclistas que circulan en contravía, ignoran semáforos y señales de tránsito, se desplazan sin casco protector, transportan más de dos pasajeros, invaden aceras y carriles exclusivos, y maniobran entre vehículos a alta velocidad. Estas conductas no son excepciones; forman parte del día a día del tránsito urbano.
Buena parte de este fenómeno está asociado al uso masivo de la motocicleta como medio de subsistencia informal.
El motoconcho, el reparto a domicilio y la mensajería han crecido sin un marco regulatorio claro, sin exigencias de capacitación, sin seguros adecuados y sin controles técnicos periódicos.
La informalidad ha terminado imponiendo sus propias reglas en el espacio público.
Especialistas en seguridad vial advierten que el problema se agrava por la debilidad crónica de la fiscalización. Los operativos de control suelen ser esporádicos, concentrados en momentos puntuales y sin continuidad. En la mayoría de los casos, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) prefieren hacerse de la vista gorda y mirar para otro lado.
Las sanciones contempladas en la ley rara vez se aplican de forma sostenida y, cuando se imponen, con frecuencia no se cobran o se diluyen en procesos administrativos ineficientes.
Los motociclistas han aprendido que, para ellos, violar las normas de tránsito suele no tener consecuencias reales.
A esta debilidad institucional se suma una distorsión legal que genera fuertes tensiones en la convivencia vial.
Diversos expertos en derecho y movilidad señalan que la actual Ley de Tránsito tiende a atenuar las consecuencias para los motociclistas en accidentes con vehículos de cuatro ruedas, incluso cuando la responsabilidad del siniestro recae claramente sobre ellos.
En la práctica, conductores de automóviles y camionetas terminan enfrentando mayores cargas legales, administrativas y económicas, mientras el comportamiento imprudente del motociclista queda relativizado. Esta percepción de inequidad alimenta conflictos, desincentiva la denuncia y erosiona la confianza en el sistema.
El casco ignorado
Médicos especializados en trauma subrayan que la falta de casco sigue siendo un factor decisivo en la gravedad de las lesiones.
A pesar de su obligatoriedad legal, el casco continúa siendo visto como opcional, en parte por la ausencia de controles consistentes y en parte por la tolerancia social al incumplimiento. El costo humano de esta negligencia es elevado y recurrente.
La experiencia internacional demuestra que el problema no es insoluble. Países como Chile y Colombia han avanzado en el registro estricto de motocicletas, el uso obligatorio de placas visibles, la exigencia de seguros y la aplicación de controles tecnológicos.
En España, la fiscalización permanente, el sistema de puntos en la licencia y el uso extensivo de radares han contribuido a una reducción sostenida de la mortalidad vial. En todos los casos, el denominador común ha sido la aplicación constante de la ley, no la persecución ocasional.
Los delivery a la carga
El auge del servicio de delivery en motocicleta ha introducido un nuevo y preocupante factor en la ya compleja dinámica del tránsito dominicano.
En los últimos años, el crecimiento acelerado de plataformas digitales, colmados, restaurantes y comercios que dependen de entregas rápidas ha multiplicado la presencia de motociclistas en las calles, especialmente en zonas urbanas de alta densidad, sin que este fenómeno haya sido acompañado por una regulación específica ni por mecanismos efectivos de control.
A diferencia del motoconcho tradicional, el delivery opera bajo una lógica de productividad extrema. El ingreso del repartidor depende directamente de la cantidad de pedidos entregados por jornada, lo que genera un fuerte incentivo a reducir tiempos a cualquier costo. Esta presión económica se traduce en patrones de conducción particularmente riesgosos que se repiten de forma sistemática en las principales vías del país.
En la práctica, muchos motociclistas de delivery zigzaguean entre los vehículos, se introducen de manera abrupta entre carriles, circulan a velocidades superiores a las permitidas y aprovechan cualquier espacio disponible para avanzar, incluso cuando ello implica invadir carriles contrarios o áreas peatonales.
Este comportamiento no responde únicamente a decisiones individuales, sino a un modelo operativo sin controles.
Las empresas y plataformas que utilizan repartidores en motocicleta suelen carecer de protocolos exigibles sobre conducción segura, uso obligatorio de casco certificado, respeto a las normas de tránsito o límites de velocidad.
Tampoco existen sistemas efectivos de supervisión ni sanciones internas para quienes incumplen las reglas viales durante el servicio.
A ello se suma la informalidad laboral. Muchos repartidores no cuentan con contratos formales, seguros de responsabilidad civil ni cobertura adecuada en caso de accidente.
Operan como trabajadores independientes, asumiendo todos los riesgos, mientras las empresas se benefician del servicio sin asumir responsabilidades proporcionales frente a los daños que puedan ocasionarse a terceros.
La fiscalización se limita a controles generales de tránsito, insuficientes para un sector que opera de forma intensiva, continua y bajo presión de tiempo.
Especialistas en movilidad y seguridad vial advierten que, sin una regulación específica, el delivery continuará profundizando el desorden vial.
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