PUERTO PLATA.- El Tribunal Unipersonal de Puerto Plata conocerá este lunes 22 de abril el caso judicial por “difamación e injuria” contra el abogado Ángel Lockward, tras el querellamiento del empresario hotelero Marcus Wischembart.
Según se supo, la audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana y Lockward será llevado a dicho tribunal en un vehículo de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que tiene arresto domiciliario por el Caso Calamar, pero este proceso no tiene nada que ver con el otro.
En el 2018 el señor Marcus Wischembart quien es dueño del proyecto turístico Lifestyle de venta de contratos de timeshare en Puerto Plata, interpuso tres querellas en contra de Lockward por supuesta “difamación e injuria”, pero que todavía el referido tribunal no se ha pronunciado.
Ángel Lockward aseguró que el proyecto Lifestyle ocupaba propiedades de Costa Esmeralda SRL, pertenecientes a los señores Alexander Shaufler y Esmeralda Borodi, quienes le contrataron sus servicios como abogado hace más de cinco años para el desalojo de esas propiedades y obtuvieron ganancia de causa.
“Desde entonces el señor Wischembart se dedica a colocarme querellas por difamación e injuria ya que supuestamente yo emití juicios injuriosos en una instancia judicial que deposité en el tribunal civil y comercial de Puerto Plata, en ocasión de una acción de amparo, en la que, según su querella, yo dije que él había cumplido condena impuesta por un tribunal de Austria y en virtud de eso él me demanda”, indicó Lockward.
Dijo que el empresario Winschembart depositó en el tribunal una certificación de la Policía de Viena, indicando que él no tenía expediente criminal, lo que es cierto, “pero como todo abogado sabe que las fichas se eliminan o caducan a los cinco o diez años en todas las naciones”.
Expresó que, atendiendo a eso, “yo deposité en el tribunal la sentencia del tribunal austriaco que lo condenó por la venta de contratos de la empresa timeshare, pero recordó además, que varias de las empresas del señor Winschembart “tuvieron que pagar más 60 millones de pesos en una amnistía fiscal a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por evasión y eso está documentado”.
Finalmente, Lockward afirmó que “Winschembart en todos los países donde han operado sus empresas, ha utilizado la técnica de dedicarse a intimidar mediante querellamiento sucesivos a las personas que les hacen frente por sus acciones ilegales”.
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