Santo Domingo. – Con la finalidad de fortalecer la lucha contra los grupos armados, Haití recibirá en abril una nueva fuerza de combate para reprimir a las bandas que controlan gran parte de la isla.
La información fue ofrecida este martes por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien advirtió que el aumento hacia la represión de las pandillas podría elevar las presiones migratorias de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, razón por la cual el país debe permanecer vigilante.
“Desafortunadamente todo indica que cuando aumente la represión hacia las pandillas, es posible que aumente también las presiones migratorias, así que vamos a tener que estar todavía más vigilantes”, expresó el canciller durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión.
El ministro resaltó que se están tomando las medidas adecuadas, por “el exceso de migrantes haitianos en República Dominicana”.
Según datos de la Dirección General de Migración (DGM), durante el 2025 se deportaron 379,553 haitianos en situación migratoria irregular, un 37,4 % más que las 276, 215 expulsiones registradas el año anterior.
De acuerdo con la institución, el pasado año se realizaron más de 6,500 operativos de interdicción migratoria en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. Además, mediante un comunicado, destacó el uso de monitoreo en tiempo real de cámaras corporales y de herramientas de reconocimiento facial.
Durante 2025 también entró en vigencia el protocolo de acceso a los servicios de salud, que ordena a inspectores y agentes migratorios verificar que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos, con el objetivo de reducir el gasto estatal en estos servicios.
Crítica internacional
Las políticas migratorias adoptadas por el Gobierno han sido rechazadas por organismos internacionales, que aseguran que estas medidas representan un atentado contra los derechos humanos.
Tal es el caso de Amnistía Internacional, que solicitó al Estado revocar el protocolo para acceder a los servicios de salud, al considerar que este tipo de acciones “no están justificadas” y “son discriminatorias”.
La fundación Colectivo HaitianosRD también se ha expresado en contra, denunciando ante la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) supuestas violaciones de derechos humanos contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
Otra organización que ha cuestionado las decisiones del Gobierno en materia migratoria es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha recomendado a las autoridades aplicar de manera general el principio de no devolución a todas las personas en condición migratoria irregular.
El Estado reaccionó en contra de este pedido, afirmando que esto equivaldría a obligar al país a aceptar el ingreso irrestricto de ciudadanos haitianos, incluso de forma irregular.
“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, enfatizó el Gobierno en un comunicado oficial, en el que reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del marco legal vigente en la materia.
De igual manera, reiteró que las políticas migratorias no son discrecionales y arbitrarias, ya que se ejercen conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
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