Sector inmobiliario atrapado en las garras de la permisología

SANTO DOMINGO.-Que un empresario inmobiliario requiera hasta 131 permiso de 16 instituciones del Estado para iniciar un proyecto es una de las principales retrancas que mantiene detenidos muchos iniciativas de construcción que aportan miles de empleos y recursos económicos al fisco.

Sin embargo, los retrasos en la entrega de esas licencias constituyen el principal obstáculo para quienes se atreven a desafiar esa realidad y emprenden proyectos inmobiliarios, sin importar su tamaño ni la región del país.

La permisología en todos los países del mundo asegura que una iniciativa inmobiliaria cumpla las normativas urbanísticas, ambientales y de servicios básicos.

El problema consiste en las trabas que encuentran los promotores a la hora de iniciar sus inversiones,
“Llevo más de 6 meses esperando un permiso del Ministerio Medio Ambiente Recursos Naturales”, contó, con reserva de su nombre, un renombrado constructor que hace ingentes esfuerzos por iniciar una obra 24 apartamentos y seis niveles.

“Son largos y angustiosos retrasos”, siguió diciendo.

También, espera la aprobación del uso de suelo del ayuntamiento correspondiente y la autorización del inicio formal de la obra de parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). Esta última evalúa planos arquitectónicos y estructurales de la construcción.

El recorrido en busca de aprobaciones para su proyecto incluye las corporaciones de agua potable y alcantarillado, las empresas distribuidoras de electricidad, el Ministerio de Turismo , la Dirección de Aduanas y otras instituciones que no tienen el personal ni la disposición para acelerar los procesos.

Las consecuencias

“Mientras eso sucede, el dinero del inversionista pierde valor y los proyectos se encarecen”, afirma Enrique Rosario García, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), una entidad con una membresía de más de 40,000 profesionales.

Rosario García asegura que son “interminables” las quejas de los ingenieros civiles, los arquitectos y los agrimensores que ven como sus proyectos se “desinflan” esperando la permisología.

Considera que ese es un hecho “gravísimo” en un país donde el sector de la construcción mueve alrededor del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima de un billón de pesos anuales. Entre un trámite burocrático y otro, Arturo Ramírez, perdió la posibilidad de conseguir el préstamo bancario que esperaba para su proyecto inmobiliario.

“La espera fue larga, las condiciones variaron y las exigencias del banco fueron otras, Es muy difícil emprender en este país”, dijo.

La ventanilla única

Teodoro Tejada, ex presidente del CCODIA y desarrollador inmobiliario, define los trámites de la permisología como “traumáticos, caros y abusivos”.

Considera las salas capitulares de los ayuntamientos como “cámaras de gas” que asfixian la posibilidad de levantar muchas construcciones sin traumas y sus promotores terminan abandonando esas ideas.

Coincide con la afirmación de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) de que la venta del producto disminuyó en el 2025, en el territorio nacional.

Afirmó que la existencia de la ventanilla única en el país es una “utopía” que solo existe en la menta de algunos burócratas gubernamentales y municipales.

“No es posible que el Ministerio de Medio Ambiente cobre 250 mil pesos para la construcción de un proyecto de 16 apartamentos”, señaló.

Propone agenda

“En la práctica, un solo proyecto puede requerir hasta 131 permisos distintos, distribuidos en alrededor de 16 instituciones públicas, varios de los cuales podrían consolidarse bajo un marco normativo unificado”, aseguró la a Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici)
Sandy Rodríguez, presidente de esa organización, asegura que esta fragmentación del proceso prolonga los plazos de aprobación y genera incertidumbre en los inversionistas.

“Una mayor coordinación interinstitucional representaría un avance significativo para la seguridad jurídica y la atracción de inversión”, sigue diciendo, Rodríguez.

Asegura que con las mejoras institucionales adecuadas, el sector construcción podría desplegar todo su potencial como motor de crecimiento, empleo y desarrollo regional.

«La República Dominicana tiene las condiciones y los recursos para crecer más. Estamos convencidos de que, trabajando de la mano con las autoridades en la modernización de los procesos, podemos desbloquear ese potencial en beneficio de todos», afirmó.

«Estamos listos para participar en mesas de trabajo interinstitucionales y aportar constructivamente en el diseño de las reformas que el país necesita», concluyó.