Dirigentes choferiles de las rutas F, Q y M rechazaron acusaciones formuladas en su contra en medio del conflicto que desde hace semanas afecta el sistema de transporte público en distintos sectores de la zona Oeste de la ciudad.
La situación ha generado enfrentamientos entre conductores, así como preocupación entre usuarios del servicio.
El conflicto viene a raíz de la puesta en funcionamiento de la nueva ruta SO, y que las referidas empresas de carros públicos denunciaron ser afectada.
Los representantes de las rutas F, Q y M aseguraron que no son responsables de los incidentes que se han registrado, y afirmaron que las disputas responden a desacuerdos por la operación y el control de recorridos tradicionales del transporte de concho en varias zonas de Santiago.
El conflicto se ha intensificado por la supuesta incursión de unidades en rutas ya establecidas, lo que ha provocado confrontaciones entre choferes, paralización parcial del servicio en algunos momentos y tensión entre los sindicatos que agrupan a los transportistas.
Marcelo Liriano, dirigente de la empresa de trasporte Ruta F, explicó que sus organizaciones operan dentro del marco legal establecido y acusaron a sectores contrarios de intentar desplazar a conductores que llevan años prestando servicio en determinadas rutas.
El vocero de la coalición de las rutas M, O, Q y F, Delvin Tavera, negó que los choferes que representa hayan protagonizado actos de violencia durante el conflicto que se ha generado entre sindicatos del transporte público en esta ciudad.
Tavera aseguró que los incidentes surgieron cuando conductores de otras rutas se presentaron en un punto donde, según explicó, su organización realizaba operativos en la entrada del sector Rafey.
“Nosotros queremos aclarar que en ningún momento hemos intentado agredir a nadie. El problema ocurrió cuando ellos llegaron al lugar donde nosotros estábamos realizando operativos”, expresó.
El dirigente choferil también rechazó acusaciones que señalan a su coalición de destruir vehículos, romper cristales o agredir a otros conductores, asegurando que han actuado con respeto hacia las autoridades.
Indicó que, aunque existió un acuerdo promovido por las autoridades para regular el funcionamiento de las rutas en conflicto, su organización no estuvo de acuerdo con lo establecido, pero decidió respetarlo.
“Ese acuerdo lo hicieron las autoridades. Nosotros no lo aceptamos, pero lo respetamos porque fueron ellas quienes lo dispusieron”, afirmó.
El conflicto ha provocado discusiones públicas, amenazas y enfrentamientos entre choferes, lo que ha generado preocupación entre pasajeros y comerciantes que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
Usuarios consultados manifestaron temor ante la posibilidad de que los enfrentamientos escalen y afecten la seguridad en las paradas y corredores donde operan estas rutas, además de provocar retrasos en el traslado hacia centros laborales, educativos y comerciales.
Los choferes hicieron un llamado a las instituciones responsables del ordenamiento del transporte para que establezcan mecanismos de diálogo que permitan resolver las diferencias y garantizar la estabilidad del servicio.
la otra campana
Choferes y dirigentes afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) también denunciaron una serie de agresiones y enfrentamientos entre conductores de las rutas SO y F, conflictos que, según afirmaron, han dejado decenas de personas heridas y provocarle la muerte a unos de sus principales dirigentes de un infarto producto a esa situación .
Los rfepresntantes de la ruta SO aseguraron que los incidentes se han intensificado en los últimos días, generando preocupación entre los trabajadores del volante y los usuarios del transporte público en la ciudad.
Julián Núñez solicitaron la intervención directa del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, a quien exhortaron a aplicar la resolución municipal aprobada en 2022 que, según indicaron, reconoce la legalidad de la ruta SO y su derecho a operar dentro del sistema de transporte local.
Los representantes del gremio sostuvieron que la referida ruta ha cumplido con los pagos de impuestos y los requisitos establecidos por las autoridades municipales, por lo que consideran que su funcionamiento debe ser garantizado.
Asimismo, responsabilizaron a sectores vinculados a la ruta F de promover las agresiones y advirtieron que, de no producirse una intervención de las autoridades, podrían adoptar medidas para frenar los enfrentamientos.
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