El Defensor del Pueblo informó que, a través del Programa de Verificación del Cumplimiento de las Normas de Accesibilidad Universal (PCAU), fueron supervisados más de 700 centros públicos a nivel nacional, como parte del seguimiento a lo establecido en la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana.
La institución detalló que esta iniciativa, coordinada por la Secretaría General, inició su segunda fase con la evaluación de 725 recintos educativos y de salud ubicados en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Santiago, con el objetivo de garantizar el acceso pleno a los servicios públicos y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Según explicó el órgano constitucional mediante nota de prensa, las inspecciones incluyeron centros educativos y sanitarios del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Pedro Brand y San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
Asimismo, en la provincia de Santiago, se levantó información sobre las condiciones de accesibilidad en decenas de planteles escolares y centros de salud de los municipios de Santiago de los Caballeros, Hato del Yaque y La Barranca.
Durante el proceso de verificación, el Defensor del Pueblo identificó incumplimientos a las normas de accesibilidad universal, entre ellos la ausencia de rampas, puertas de uso exclusivo para personas con discapacidad y la falta de asideros en los baños, elementos esenciales para garantizar un acceso seguro y digno a los servicios públicos.
La institución explicó que corresponde a la Secretaría General levantar las actas con los hallazgos y registrar cada uno de los incumplimientos detectados, para remitirlos al Ministerio de Educación de la República Dominicana y al Servicio Nacional de Salud, a fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias y se cumpla con lo dispuesto en la Ley 5-13 y su reglamento sobre eliminación de barreras arquitectónicas, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Defensor del Pueblo señaló que este programa se ejecuta en consonancia con los artículos 190 y 191 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley núm. 19-01, que crea la institución, lo que permite fortalecer los indicadores nacionales sobre el nivel de cumplimiento de las normas de accesibilidad universal.
“Seguimos aunando esfuerzos para erradicar cualquier barrera que limite el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos”, subrayó la entidad, al reafirmar su compromiso con la inclusión, la igualdad de derechos y la eliminación de obstáculos físicos en los espacios estatales.
El organismo recordó que el PCAU tiene como finalidad evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 5-13, la cual establece un plazo de entre dos y seis años para que todos los edificios y espacios públicos del país se adapten a los requisitos de accesibilidad universal.
Las actuaciones defensoriales iniciaron en el año 2024, con levantamientos realizados en escuelas y hospitales de sectores como Villa Juana, Ensanche La Fe, Ensanche Luperón, Villa Consuelo y Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, y continuarán ampliándose a otras demarcaciones del país.
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