La apuesta energética que busca transformar el sistema de recolección de basuras en el país

La acumulación de basura en el país es una herida que durante años ha tratado de ser sanada con avances normativos y esfuerzos locales sin mucho éxito a su favor, siendo notable a simple vista que gran parte de los desechos que se recogen terminan en vertederos de cielo abierto o amontonados en las calles, avenidas y barrios.

Esta problemática se vuelve una crisis dual si se toma en cuenta la vulnerabilidad del sector eléctrico, que en un lapso aproximado de tres meses ha sufrido dos apagones generales, sin contar los constantes cortes y el alto costo de este servicio que comunitarios de diversos sectores manifiestan como el pan de cada día.

Consciente de la complicidad entre estos dos malestares sociales y su impacto en el estilo de vida de los dominicanos, Mitchell Van Heyningen, fundador y presidente de Streamline Integrated Energy (SIE), ideó la primera planta de conversión de residuos en energía de grado utility en la región como una forma más efectiva de eliminar de raíz ambas afectaciones colectivas.

“Somos un país que generamos muchos residuos sólidos y no tenemos ninguna solución para residuos sólidos. El residuo sólido no está comprometido con esta ni otros tipos de tecnología, sino que lo que nosotros tenemos son vertederos, pero nosotros culturalmente no tenemos un procesamiento de residuos sólidos”, señaló al Listín Diario.

Acompañado de una comisión, el presidente del SIE sostuvo que esta planta tendrá una ubicación estratégica en San Pedro de Macorís y podrá procesar 350 toneladas diarias de residuos sólidos municipales con una generación de 55 MW de energía limpia que abastecerá la red nacional y permitirá separar metales para reciclaje, reducir los vertederos a cielo abierto y eliminar los incendios tóxicos.

Bajo un enfoque ambiental, esta iniciativa brindará una solución a los grandes volúmenes de basura que azotan al país, previniendo la propagación de enfermedades, la contaminación del aire, agua y suelo en conjunto con la protección ambiental.

“Resolver el problema a partir de una solución que genera energía te genera un punto de equilibrio. […] No solo disminuye el problema ambiental que hay, sino que lo introduce en un componente energético de interés y mejora la calidad de servicio”, enfatizó Mario Méndez, consultor medioambiental del proyecto.

Más allá de resolver un problema con los desechos tóxicos y energía eléctrica, el proyecto San Pedro de Macorís Planta Basura@Energía busca hacerlo de la forma más eficiente con tecnología rate en el país.

Burocracia extrema

Pese a su diseño y funcionalidad innovadora, Van Heyningen informó que el proyecto lleva más de cinco años estancado entre la permisología y los trámites públicos que no le han permitido ejecutarse en su totalidad, calificando la acción como una “burocracia extrema” que los lleva a un ciclo de inviabilidad.

El equipo detalló que poseen casi todos los permisos claves obtenidos, a excepción del contrato Power Purchase Agreement (PPA), gestionado por el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED).

Este convenio a largo plazo permite la compra de energía renovable entre generadores renovables y consumidores y comercializadores. Sin este, no se puede impulsar la inversión en nuevas capacidades de energía renovables, ofrecer precios eléctricos estables o reducir los costos eléctricos.

“Entonces, ese es uno de los elementos que altera sustancialmente la economía del proyecto, que sea sostenible económicamente. Mientras van pasando las semanas, el proyecto cada vez tiene menos margen de ser financieramente viable”, explicó Mariela Santos, consultora legal, enfatizando que desde el 2022 mantienen un proceso de negociación que aún no es aprobado.

El paso del tiempo los posiciona en un “cuello de botella” debido a los constantes aumentos de precio en los insumos, aumentando a su vez su tiempo de entrega y la economía del mismo, aun cuando lograron conseguir un “precio sacrificado” para el PPA, pero arriesgándose a perder el acuerdo.

Asimismo, revelaron que hace dos años solicitaron un contrato para garantizar el pago de la tarifa de volcado con el Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) y aún a la fecha no han podido llegar a un convenio.

“No hay manera de que DO Sostenible nos dé una respuesta”, lamentó la abogada Santos, describiendo la lista interminable de requisitos que el fideicomiso les exige, impidiéndoles los avances físicos.

“En definitiva, hay una falta de voluntad de parte de esa agencia en entregarnos un contrato y no hay una explicación técnica plausible que sea legal, que sea técnica o que sea comercial”, continuó relatando Santos mientras reseñaba un panorama similar por el CUED y el contrato PPA.

Sin ver la luz

Descrito el panorama, Van Heyningen sostiene que, si bien la iniciativa es una oportunidad para que el país modernice el sistema de gestión de residuos y fortalezca el sector energético de manera simultánea, las trabas encontradas en el camino son un factor preocupante para su finalización, asegurando la necesidad de optimizar los procesos institucionales y regulatorios para modelos sostenibles e innovadores como el suyo.

Además de los beneficios mencionados, se contempla un impacto significativo en la generación de 1,200 empleos indirectos en su período de construcción y 65 empleos permanentes una vez que la planta esté en operación, generando actividad económica sostenida.