Los representantes legales de las familias Reyes y Mota formalizaron su desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar.
El anuncio se produjo el pasado viernes ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar en contra de los encartados de presuntos actos de corrupción administrativa.
Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.
Pagos dentro del marco de ley
Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.
Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.
“Los pagos vinculados al caso fueron realizados dentro del marco de la ley y los compromisos fueron cumplidos conforme a lo acordado”, reiteraron los representantes ante la jueza Ramírez.
Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.
Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.
“Este desistimiento es una muestra de que la teoría del Ministerio Público no fue construida sobre la revisión de hechos objetivos debidamente validados. Los pagos aprobados por nuestro cliente mientras ejercía funciones públicas se efectuaron con transparencia”, afirmó la jurista Zuleta.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.
El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
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