Angela Lipps, una mujer de 50 años residente en Tennessee, Estados Unidos permaneció privada de libertad durante seis meses en una cárcel de ese estado tras una falla en una herramienta de reconocimiento facial basada en inteligencia artificial. Posteriormente, fue extraditada a Dakota del Norte, donde fue absuelta y liberada sin recibir compensación alguna.
El caso se originó cuando Lipps fue identificada como sospechosa de fraude bancario mediante un algoritmo de IA utilizado por la policía, lo que pone en evidencia las posibles consecuencias legales y personales del uso de tecnologías biométricas sin la debida corroboración documental.
La detención respondió a cuatro cargos por uso indebido de información de identificación personal y otros cuatro por robo, según relató la propia afectada al medio WDAY News.
Defensa de Lipps
El abogado Jay Greenwood, a cargo de la defensa de Lipps, recopiló pruebas documentales que demostraron la imposibilidad de que su clienta hubiera estado en Dakota del Norte en los momentos de los hechos. Greenwood expuso al portal informativo local WDAY News que, según los registros bancarios, Lipps realizó pagos y operaciones en Tennessee casi simultáneamente con los delitos investigados.
“Nadie del Departamento de Policía de Fargo se comunicó con Angela Lipps hasta que presenté sus registros bancarios y concerté una entrevista”, explicó Greenwood, el defensor legal de Lipps.
Proceso de investigación
La investigación, de acuerdo con documentos citados por el portal informativo WDAY News y el periódico Grand Forks Herald, se originó a partir de una serie de extracciones fraudulentas ocurridas entre abril y mayo de ese mismo año. En estos hechos, el autor utilizó una identificación militar falsa del Ejército de Estados Unidos para sustraer miles de dólares de distintas entidades bancarias.
En julio de 2025, un grupo de alguaciles federales detuvo a Lipps en su residencia en Tennessee, en cumplimiento de una orden judicial emitida en Dakota del Norte.
El arresto de se produjo como resultado de una pesquisa que incluyó el análisis de fotografías de licencias de conducir y perfiles en redes sociales. Las autoridades argumentaron que los rasgos faciales, el tipo de cuerpo y el color de cabello coincidían con los de la persona captada por cámaras de seguridad durante los delitos.
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