La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo este martes que las reformas penales que habilitan la cadena perpetua contra menores de edad en El Salvador es incompatible con la jurisprudencia internacional.
“La imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”, sostuvo el organismo regional en un comunicado.
En ese contexto, la Asamblea Legislativa del país salvadoreño, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ratificó el pasado 26 de marzo una reforma constitucional que habilita la pena perpetua para casos de violación, homicidio y pertenencia a grupos terroristas o de pandillas.
La CIDH apuntó también que la aplicación de la cadena perpetua en El Salvador, “en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad”.
Decreto mantiene su compatibilidad, según el Congreso salvadoreño
Sin embargo, en el decreto aprobado para incluir a los menores de edad en esta pena el Congreso afirmó que “mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a lo dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica”.
Esto en referencia a la suspensión de garantías constitucionales vigente en el país desde marzo de 2022 mediante un régimen de excepción, que fue aprobado para combatir a las pandillas pero que, según denuncias de diversas organizaciones humanitarias, ha derivado en violaciones a derechos humanos.
Llamado al Estado a poner fin a la medida
A juicio de la CIDH se ha dado una prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción, por lo que llamó al Estado de El Salvador “a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común”.
Indicó que son más de 91.500 personas detenidas, con lo que la población total encarcelada rondaría las 130.000, mientras que suman más de 500 personas fallecidas en custodia del Estado.
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