Ante el aumento de muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos, el gobierno de México decidió participar en procesos judiciales como “amigo de la corte”, una figura legal conocida como Amicus Curiae, con el objetivo de aportar información relevante a los jueces.
De acuerdo con Milenio, esta estrategia forma parte de la vía jurídica y diplomática que utiliza México para defender a sus connacionales en territorio estadounidense, y cuenta con antecedentes en los que ha tenido impacto en decisiones judiciales.
Gobierno mexicano se suma a demanda contra ICE
Con un total de 15 migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE, tres de ellos en el centro de detención de Adelanto, California, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum optó por intervenir en una demanda relacionada con estos casos.
El 30 de marzo, el gobierno mexicano anunció su incorporación formal como “amigo de la corte” ante lo que calificó como una tendencia alarmante e inaceptable de fallecimientos. Para ese momento, se contabilizaban 14 connacionales muertos.
La participación de México consiste en presentar información adicional que contribuya a fortalecer la demanda enfocada en los tres casos ocurridos en Adelanto.
Especialistas destacan impacto del recurso legal
El exconsejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, explicó al medio que este tipo de intervenciones tienen peso dentro del sistema judicial estadounidense.
Señaló que los escritos de “amigo de la corte” pueden influir tanto en tribunales de primera instancia como en cortes de apelación e incluso en la Suprema Corte, al representar la postura oficial del gobierno mexicano sobre sus connacionales.
Por su parte, el exembajador de México ante la ONU entre 2016 y 2019, Juan José Gómez, consideró que el país tiene una obligación legal y moral de defender a sus ciudadanos en el extranjero mediante todos los mecanismos disponibles.
Añadió que este tipo de documentos pueden ser persuasivos para los jueces al aportar contexto, datos e información que contribuyan a una resolución.
Antecedente: la ley SB 1070 en Arizona
México ya ha utilizado esta herramienta legal en casos anteriores, como en 2010, cuando intervino contra la ley SB 1070 de Arizona, que permitía a autoridades locales detener a personas bajo “sospecha razonable” de su estatus migratorio.
En ese momento, México presentó un recurso de Amicus Curiae para respaldar la demanda del gobierno de Barack Obama contra dicha legislación.
La cancillería mexicana argumentó que la regulación migratoria correspondía exclusivamente al gobierno federal de Estados Unidos y denunció que la ley promovía la perfilación racial, dificultaba la labor consular y criminalizaba a los migrantes.
El recurso contó con el respaldo de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Como resultado, se bloquearon aspectos como la criminalización de trabajadores indocumentados y los arrestos sin orden judicial por sospecha de deportabilidad, aunque se mantuvo uno de los puntos relacionados con detenciones bajo perfilación racial, con reservas.
Alcance del Amicus Curiae en procesos judiciales
De acuerdo con Celorio, aunque estos escritos no son determinantes para ganar un juicio, sí aportan un peso adicional al proceso, al permitir que el juez considere implicaciones más amplias, como el impacto en la política exterior o en la imagen internacional de Estados Unidos.
Asimismo, sugirió que México podría buscar el respaldo de otros países para fortalecer su posición, como ocurrió en el caso de Arizona.
El exrepresentante ante la ONU coincidió en que el Amicus Curiae no es un documento menor, sino una herramienta formal dentro del proceso judicial que puede influir en la toma de decisiones.
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