Samaná. – Una ola de indignación y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad jurídica sacude a la provincia de Samaná, luego de que el Tribunal de Instrucción dejara en libertad a dos mujeres implicadas en un sangriento incidente en el balneario La Fuente de las Garitas, en el municipio de Sánchez.
La decisión, emitida por la magistrada Jani Maldonado, ha generado estupor. Esto debido a que una de las favorecidas, Morelyn Eusebio Ribota, es reincidente en hechos de violencia extrema.
A pesar de que Eusebio Ribota se encontraba bajo libertad condicional por haber desfigurado previamente el rostro de la joven Kirsi de la Cruz, la jueza le impuso una fianza de apenas RD$50,000.00.
En esta ocasión, las víctimas identificadas como Maria del Carmen Castillo Sánchez residen en Higüey, y su madre, la señora Minolis Sánchez Muñoz.
Los reportes médicos
Según los reportes médicos, Castillo Sánchez sufrió una herida de tal gravedad en su brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica de emergencia.
Junto a Morelyn, también la procesó Deilyn Moris Ribota, a quien se le impuso una garantía de RD$30,000.00 y visita periódica.
Familiares de las víctimas y activistas sociales denuncian que el sistema judicial de Samaná está enviando un mensaje de «permisividad» ante la violencia.
Se recuerda que, en el caso anterior contra Kirsi de la Cruz —quien presenta una lesión facial severa permanente—, el juez Wilton Oniel Peguero Rodríguez ya había otorgado la libertad a la agresora bajo una fianza de RD$30,000.00.
»Es inaudito que una persona que ya está bajo fianza por un delito grave, vuelva a atacar. También herir a otras personas, y la respuesta de la justicia sea simplemente ponerle otra fianza.
¿Qué tiene que pasar para que se aplique la prisión preventiva?», expresaron familiares de De la Cruz, quienes protestaron a las afueras del tribunal.
La comunidad y los afectados hacen un llamado urgente a la Procuraduría General de la República y al Consejo del Poder Judicial para que intervengan. También para que revisen las actuaciones de los jueces de instrucción en esta jurisdicción.
La libertad de las imputadas ha desatado un clima de inseguridad en la zona, donde las víctimas temen por sus vidas ante la falta de medidas coercitivas reales que frenen el comportamiento violento de las procesadas.
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