El abogado y comunicador Jordi Veras Rodríguez, víctima de tentativa de asesinato el 2 de junio de 2010, advirtió sobre las facilidades que, a su juicio, tienen los condenados frente a los agredidos cuando se trata de evaluar solicitudes de libertad condicional.
Veras Rodríguez afirmó que, además de cargar con la situación de la agresión —que en su caso conllevó múltiples procesos quirúrgicos—, las víctimas tienen que llevar sobre sus hombros todo el peso del proceso, porque deben estar presentes en cada uno de los escenarios (tribunales) donde se hace la solicitud.
Por el atentado a Jordi Veras, ocurrido el 2 de junio de 2010 a la entrada de Telemedios Dominicana, Canal 25, hoy Canal 8, en la calle 16 de Agosto, en Santiago, fue condenado el empresario Adriano Román Román (fallecido en 2017) y otros seis hombres.
Veras Rodríguez había sido el abogado de Miguelina Llaverías, a quien Román Román intentó matar en octubre de 2005 y por lo cual fue condenado a 20 años en 2007.
La defensa de Jordi Veras a Llaverías fue el detonante que desató la ira de Román Román, quien pagó para que mataran al abogado, que era el primero de una lista que tenía el empresario y que también incluía nombres de periodistas, según trascendió.
Veras Rodríguez destacó que, producto del atentado en su contra, permaneció al menos siete años en procesos judiciales para poder obtener una condena definitiva, además de los asuntos médicos que le impidieron trabajar por mucho tiempo.
"Durante esos siete años, tuvimos que permanecer entre procedimientos médicos y cirugías, cuatro años sin laborar ni ejercer nuestra profesión ni actividad alguna en los medios", afirmó.
En una conferencia de prensa, Jordi Veras Rodríguez explicó que ha tenido poco descanso siendo la víctima, debido a que en 2021 comenzaron los condenados con las solicitudes de libertad condicional, y son procesos a los cuales tiene que asistir tanto en Najayo, San Cristóbal, como en La Vega.
El abogado dijo que el próximo 18 de mayo comparecerá a una solicitud de libertad condicional del condenado Roberto Zabala Espinosa, quien ha iniciado este proceso varias veces en los últimos cuatro años, sin que se le haya concedido.
"Le ha sido negada por el mismo motivo de que aún persiste el agravio social y el daño a la víctima", dijo Veras Rodríguez, en referencia a su caso.
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