Santiago.- El Ministerio Público puso en marcha, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en los Estados Unidos, con el objetivo de obtener fondos que posteriormente eran utilizados en el lavado de activos.
La operación dejó un saldo de 20 personas arrestadas, entre ellas cinco cabecillas y seis miembros de la red criminal que operaba desde Jacagua, Santiago. En total, 35 fiscales participaron en 28 allanamientos realizados en las provincias de Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional, la oficina de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
De acuerdo con la investigación, los miembros de la red actuaban de forma sistemática para cometer estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana, los cuales luego eran canalizados mediante mecanismos de transferencia, ocultamiento y blanqueo de capitales para darles apariencia de legalidad.
Durante el operativo fueron arrestados los presuntos cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
También fueron detenidos los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario. Otros ocho fueron arrestados con fines de investigación, mientras las autoridades buscan a otro implicado.
Los imputados serán sometidos en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por delitos como crimen organizado, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, entre otros.
Según el expediente, la red tenía su base operativa en Jacagua, Santiago, y estaba integrada por personas que dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios.
Los acusados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales como el denominado “Cártel de Sinaloa”, con el fin de intimidar a las víctimas y exigir dinero mediante amenazas y el envío de imágenes violentas.
Los fondos obtenidos eran movidos mediante criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos en remesadoras y plataformas de pago, así como transferencias espejo, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.
Las autoridades señalan que la organización promovía la incorporación de nuevos integrantes, especialmente jóvenes de Santiago de los Caballeros y zonas aledañas, incentivados por la aparente ostentación de riqueza de sus miembros.
El Ministerio Público indicó que los métodos de intimidación y coacción utilizados por la red generaron graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familias, provocando temor, angustia y alteraciones emocionales significativas.
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