Me motiva volver sobre a este tema, que había tratado hace un par de años, el artículo publicado en Diario Libre por el colega, amigo, director de ese medio y Premio Nacional de Periodismo, don Aníbal de Castro, quien escribió una reflexión que merece ser citada con el debido crédito, porque resume con precisión una de las grandes grietas institucionales de la República Dominicana. Como planteó De Castro, "la República Dominicana parece sufrir de superávit legal", porque "tenemos normas para todo, reglamentos para casi todo y sanciones previstas para mucho más de lo que realmente se cumple".
Ese planteamiento me remite a un trabajo que publiqué hace un par de años, en el que advertía que la legislación que regula el Estado dominicano cuenta con más de cien mil leyes, incluyendo resoluciones y tratados internacionales con categoría legislativa, según un inventario realizado en la Cámara de Diputados, lo que sugiere que el problema nacional no parece ser la ausencia de normas, sino su sobreabundancia, dispersión, inobservancia y limitada eficacia práctica.
Desde entonces sostuve, y lo reitero ahora a partir de la reflexión de Aníbal de Castro, que puede resultar tan peligroso para un país la falta de leyes como la sobreabundancia legislativa, porque en ambos extremos se debilita el orden institucional, se erosiona la autoridad del Estado y se convierte la ley en una formalidad sin consecuencias reales, pues tan dañino es el vacío normativo que deja espacio al abuso, como la acumulación legal que no ordena, no corrige y no se cumple.
Más de cien mil leyes y una cultura de incumplimiento
La legislación dominicana, lejos de expresar una carencia normativa, revela una abundancia que muchas veces no se traduce en disciplina social ni en autoridad institucional, debido a que el país parece haber desarrollado una relación contradictoria con la ley, invocándola con solemnidad cuando conviene, ignorándola cuando estorba y aplicándola con frecuencia de manera selectiva, dependiendo del poder económico, político o social de quien resulte involucrado.
Por eso resulta necesario sacar a relucir que entre los dominicanos se ha incrustado como hiedra lo que me atreví a denominar, en aquel artículo, la cultura del incumplimiento de la ley, aun cuando tenemos legislaciones hasta para lo que menos podríamos imaginar, incluyendo normas cuyo objeto parece ser, paradójicamente, hacer cumplir otras normas que ya existían y que tampoco se cumplen.
Además del incumplimiento de la ley formal, se observa la inobservancia cotidiana de ordenanzas, resoluciones municipales, disposiciones administrativas y reglas elementales de convivencia, lo que para los dominicanos residentes en el país, y hasta para los nacionales ausentes cuando regresan de visita, se ha convertido en una práctica endémica, que ha hecho metástasis en la vida pública, con mayor evidencia entre quienes ostentan alguna posición de poder en el Estado o en la sociedad.
Esa cultura de permisividad enseña una lección peligrosa, porque cuando el ciudadano comprueba que se puede violar la norma sin consecuencias, aprende que la ley no es una regla común, sino un obstáculo negociable, con lo que la sobreabundancia legislativa, lejos de fortalecer automáticamente el Estado de derecho, termina debilitándolo cuando las leyes se aprueban sin evaluación, se acumulan sin depuración, se contradicen entre sí o solo se invocan de manera selectiva.
Sócrates ante la ley y la lección pendiente
En ese contexto cobra especial valor la referencia al sabio griego Sócrates, quien, después de ser injustamente condenado a morir envenenado en el año 399 antes de nuestra era, acusado de corromper a la juventud y de impiedad contra los dioses de Atenas, enfrentó las alternativas que le proponían sus amigos para salvar la vida, desde escapar de la prisión hasta solicitar que se le conmutara la pena de muerte por el exilio.
Sin embargo, Sócrates tenía un alto sentido de lo que significaba para la sociedad de su tiempo y para la posteridad el respeto a la ley, razón por la cual, según la tradición platónica, prefirió acatar el injusto veredicto con la misma dignidad y coherencia con la que vivió, hasta decidirse por "dar ejemplo con su propia vida de respetar las leyes" y por "tomar el veneno del Estado": la cicuta.
Por eso resulta pertinente recordar la sentencia atribuida a Platón, cuando pone en boca de las leyes una advertencia que conserva vigencia: "Nosotros, las leyes, proponemos lo que mandamos, y no de un modo despótico, sino dejando la opción de que se nos obedezca o se nos convenza de lo contrario. Ahora bien, quien no se acoge a una de estas opciones, no actúa como es debido", una reflexión que no debe entenderse como defensa ciega de toda ley, sino como advertencia contra la costumbre de burlar la norma por conveniencia.
La República Dominicana necesita revisar, depurar y ordenar su sistema normativo, eliminando duplicidades, contradicciones, leyes obsoletas y disposiciones que solo sobreviven en los archivos, pero esa tarea sería incompleta si no se acompaña de una transformación cultural e institucional orientada a convertir el cumplimiento de la ley en una regla común, aplicable a todos, porque tan peligroso para un país puede ser vivir sin leyes como vivir sepultado bajo una montaña de legislaciones que nadie cumple, nadie ordena y nadie hace respetar.
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El Nuevo Norte es un periódico digital dominicano fundado el 12 de febrero de 2006 por el periodista Junior Henríquez, quien funge como director y fundador. A través de la web infoelnuevonorte.com, el medio ofrece información veraz y oportuna sobre los acontecimientos sociales, políticos, comunitarios y de actualidad general, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo un periodismo responsable, participativo y comprometido con la libre expresión y el fortalecimiento de la democracia informativa.