SANTO DOMINGO. – La representante legal de los padres de un funcionario de la Dirección General de Migración (DGM), a quienes dos comunicadores acusaron de sustracción de unos aires acondicionados pertenecientes a la institución, aseguró que la querella hacia los profesionales “es por violación a la propiedad privada y no por la denuncia”.
La abogada Anny Elizabeth Guzmán, aclaró que Tomás Santana Carela y Juana Beras de Santana no se querellaron contra los hermanos Francisco y José Manuel Alcántara Sánchez por la denuncia contra de su hijo, Tomas Santana Beras, encargado de la División de Servicios Generales de la DGM.
De acuerdo con Guzmán, “los querellantes son los padres del funcionario, quienes no tienen vínculos con la institución, y la demanda es porque los comunicadores irrumpieron su propiedad de forma abrupta, rompiendo una puerta para hacer la supuesta denuncia, sin tener una justificación al momento”.
“Ellos fueron al día siguiente a pedir información, porque cuando llegaron no tenían ningún tipo de certificación de que era correcto lo que decían, si era un rumor público o de alguien que quería dañar a la persona”, manifestó la togada.
Asimismo, calificó de “irresponsabilidad y violación a la ley” la acción de los hermanos Alcántara Sánchez, apegándose al art. 1 de la Ley No. 5869 de 1962 sobre Violación de Propiedad, a saber: violación a la propiedad, el cual expresa «toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural, sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión correccional y multa de diez a quinientos pesos. Párrafo. (Modificado por la Ley 234 de fecha 30 de abril de 1964. G.O.8855). La sentencia que se dicte en caso de condenación ordenará, además, el desalojo de los ocupantes de la propiedad y la confiscación de las mejoras que se hubieren levantado en la misma, y será ejecutoria provisionalmente sin fianza, no obstante, cualquier recurso».
La querella fue depositada ante la Fiscalía Comunitaria del Ensanche la Paz y la misma contempla el pago de la suma de veinte millones de pesos (RD$ 20,000,000), por alegados daños materiales y morales.
Sobre el caso
La Dirección General de Migración (DGM), informó que sancionó a un empleado por negligencia, al no acatar el protocolo realizado por la institución para trasladar propiedades.
Tomás Santana Beras, quien, tras una investigación, fue sancionado por movilizar inadecuadamente aires acondicionados y dejarlos en un lugar no autorizado.
En una nota de prensa, la entidad indicó que la investigación realizada por una comisión institucional, determinó que los aires acondicionados vistos en un apartamento de la avenida Correa y Cidrón, Distrito Nacional, fueron sacados del almacén de la DGM bajo un oficio que describe los objetos y un conduce con destino a Dabajón, donde Migración finaliza la instalación del mobiliario de unos de los centros de acogida para extranjeros, ubicado en el referido municipio.
Las indagatorias dan cuenta que los equipos fueron dejados de manera transitoria en esa vivienda en construcción, debido al mal tiempo para trasladarlos en una camioneta y evitar que la lluvia los dañe.
La información indica que el empleado fue sancionado por no retornar los equipos a la institución y ponerlos en una propiedad ajena a la institución, aunque buscaba proteger los aires acondicionados, pero como se aprecia en los videos, están fichados y marcados por el inventario de la Dirección General de Migración como sucede con cada uno de los bienes de la institución.
Respuesta de la Digeig
Por este caso, la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, informó que nunca llegó a esa institución la denuncia de la sustracción de los aires acondicionados de la Dirección General de Migración (DGM).
“Tan pronto se dieron a conocer las informaciones sobre una denuncia a ser depositada en esta dirección, se dieron las instrucciones para recibirla, por la importancia que tienen desde el punto de vista del cumplimiento de las normas de la nueva administración pública”, señala.
Asimismo, reiteró su compromiso con los medios de comunicación “como aliados fundamentales en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno, que siempre está dispuesto a colaborar con la ciudadanía y los medios de comunicación en la construcción de una sociedad responsable en la lucha contra la corrupción administrativa”.