La pasada semana el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), expuso ante la Cámara Americana de Comercio las razones que sustentan la reforma fiscal, los recursos adicionales que esperan recaudar y los sectores a los cuales serán dirigidos, pero no especificó las figuras tributarias para generar esa recaudación. Tratando de interpretar ciertos párrafos del discurso, podemos formarnos una idea aproximada de lo que el gobierno presentará al país.

El ministro sostiene que la reforma es un imperativo para el Gobierno invertir en áreas claves y para reducir la deuda, que si bien consideró su nivel se encuentra dentro de los estándares regionales, advirtió los intereses de esa deuda están ejerciendo una presión significativa sobre el presupuesto nacional: “Después de 20 años de crecimiento de la deuda, hemos llegado a un límite. No podemos seguir incrementándola indefinidamente”.

La realidad es que el Gobierno requiere de más recursos para inversión sin teóricamente aumentar la deuda como ha crecido especialmente en el último cuatrienio.

Los recursos adicionales, estimados en RD$110 mil millones, serán canalizados a la seguridad ciudadana, transporte, salud, gobiernos locales, recapitalización del Banco Central y el sector eléctrico. Se supone que el desmonte del déficit fiscal se logrará con la aplicación, después de este incremento de la Ley de Responsabilidad Fiscal que estipula cada año el techo del gasto no debe exceder el 3.0% más la inflación.

El ciudadano común podría pensar que con los ahorros derivados de las fusiones y eliminación de instituciones, la reducción de ciertos incentivos fiscales y la evasión y elusión fiscal harían innecesaria ampliar la base de las recaudaciones o elevar las tasas impositivas.

Realmente habrá un poco de todo: eliminación de ciertos incentivos, pero dudo que sea tocado el sector turismo, “joya de la corona” de esta administración, tampoco las zonas francas y mucho menos la Ley de Pro-industria, especialmente después del artículo de Ligia Bonetti. Estimo se eliminarán las exenciones a los combustibles, se reducirán al impuesto sobre la renta, la ley de cine y otras marginales.

Definitivamente, habrá una aplicación del ITBIS (55% del denominado gasto tributario) a bienes alimenticios, servicios, incluyendo salud y educación privada y no es accidental que el ministro de Hacienda haya sido tan enfático en la protección a los más vulnerables para que los quintiles inferiores no se vean perjudicados y los quintiles mayores sean los principales contribuyentes.

Serán gravadas las compras digitales, afectando a sectores de ingreso medio que se ahorran unos centavos con esas transacciones, también a las plataformas digitales como Uber, Airbnb, Spotify, Netflix y otros, también el impuesto al marbete con el 1% del valor del vehículo.

El ministro habló de baja recaudación de las personas físicas, imagino no se referirá a las empleados cuyos bajos salarios están exentos del impuesto sobre la renta. Probablemente habrá un aumento de la tasa del ISR o una marginal a los sectores de mayores ingresos salariales o quizás hacer pagar a ciertos profesionales liberales de altos ingresos y poca contribución.

El discurso del ministro, sin texto publicado, ofrece pocas informaciones para tener una idea del paquete impositivo. Una cuestión es evidente: la clase media, la que paga impuestos desde el inicio hasta el final del día, será la más gravada con la reforma. Ojalá me equivoque.

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