Por: Rebeca Henríquez
Presidenta Nacional de Hispanos Unidos por la Paz y los Derechos Humanos.
En la República Dominicana, la independencia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) es un tema que no solo reviste importancia técnica, sino que se convierte en un asunto de vital relevancia para la justicia y la confianza pública en el sistema judicial. La imparcialidad en la investigación forense es fundamental para asegurar que los procesos legales se basen en hechos y evidencias, y no en presiones externas o influencias políticas.
Históricamente, el INACIF ha enfrentado desafíos que ponen en duda su autonomía. La dependencia directa del gobierno o de entidades judiciales puede llevar a situaciones donde los resultados forenses sean manipulados o condicionados por intereses ajenos. Esto no solo socava la credibilidad de las investigaciones, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Es esencial que el INACIF cuente con una estructura que le permita operar sin interferencias, asegurando así que sus hallazgos sean incuestionables y se basen únicamente en principios científicos.
Para lograr esta independencia, es fundamental establecer un consejo directivo compuesto por expertos en ciencias forenses, representantes de la sociedad civil y profesionales del derecho. Este consejo podría supervisar las operaciones del INACIF y garantizar que sus decisiones se tomen con total objetividad, alejadas de influencias políticas.
Además, el financiamiento del INACIF debe ser garantizado por el Estado de manera transparente y estable. Un presupuesto independiente aseguraría que la institución pueda realizar su labor sin temores ni restricciones, lo cual es crucial para mantener su integridad.
La legislación dominicana debe incorporar normativas claras que definan la autonomía del INACIF y su relación con otras instituciones del sistema judicial. Asimismo, es necesario implementar medidas legales que protejan a los profesionales forenses contra represalias por sus hallazgos. Esto no solo fomentaría un ambiente de trabajo seguro, sino que también alentaría a los expertos a actuar con valentía y rigor científico.
Por otro lado, es realmente preocupante cómo la corrupción y la impunidad afectan a la justicia en muchos casos, donde las víctimas sienten que las influencias externas —políticas y empresariales— hacen que los casos queden sin esclarecer. Cuando se permite que la corrupción se infiltre en el sistema judicial, se crea un ciclo vicioso donde los culpables quedan en libertad, perpetuando el sufrimiento de las víctimas y enviando un mensaje claro de que las leyes no se aplican por igual. Esto es especialmente grave en situaciones donde se arrebata la vida a personas vulnerables.
La percepción de que ciertos individuos pueden evadir las consecuencias de sus acciones debido a sus conexiones es devastadora para la confianza pública en las instituciones. Las víctimas merecen respuestas y justicia. Para combatir esta problemática, es fundamental promover una mayor transparencia en los procesos judiciales y fortalecer las instituciones encargadas de investigar y juzgar estos delitos.
Erradicar la corrupción y la impunidad requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las instituciones judiciales y la sociedad civil. Solo así podremos garantizar que se haga justicia para todos y construir un sistema donde cada vida sea valorada y protegida.
Por último, promover una cultura de capacitación continua dentro del INACIF fortalecerá sus capacidades técnicas y contribuirá a consolidar su independencia al mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas en ciencia forense.
En conclusión, garantizar la independencia del INACIF en la República Dominicana es una necesidad imperativa para construir un sistema judicial más justo y confiable. Solo a través de una institución autónoma podremos asegurar que se imparta justicia basada en la verdad y no en intereses externos. Esto es fundamental para fortalecer la confianza pública en nuestras instituciones y para avanzar hacia una sociedad donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
