Una madre identificada como Constance Brockmans ha denunciado públicamente una serie de irregularidades y posibles violaciones de derechos cometidas por instituciones y funcionarios en Alemania, relacionadas con la custodia y bienestar de su hija menor de edad. Según su relato, lo ocurrido revela graves fallos en el sistema burocrático y judicial, exacerbados por la actual crisis económica y social que enfrenta el país.
Brockmans asegura que un fiscal canceló una cita crucial relacionada con el caso de su hija, argumentando la ausencia de la demandante. Sin embargo, según la madre, el fiscal también presentó al Jugendamt —la Oficina de Bienestar Juvenil— un informe que sugiere que la niña estaría en peligro bajo su cuidado. Esto habría fortalecido las demandas de otras partes involucradas, como el Instituto para Madres e Hijos y el Jugendamt, a quienes Brockmans acusa de favorecer injustamente la adopción de su hija.
Acusaciones de corrupción y abuso de poder
La madre sostiene que el Instituto para Madres e Hijos no solo empeoró la convivencia bajo su techo, sino que permitió agresiones físicas por parte de otra residente, J. M. S. Según la denuncia, el ataque ocurrió a plena vista y derivó en una confrontación donde Brockmans, en defensa propia, utilizó una taza para protegerse. No obstante, fue ella quien terminó siendo internada en una clínica psiquiátrica y separada de su hija.
Además, señala a una empleada del instituto, A. B., de actuar de manera tendenciosa y sisañosa, al punto de sumarse a las acusaciones en su contra para proteger la reputación de la institución.
“Ellos violaron mis derechos y los de mi hija desde el inicio. El fiscal, con sus decisiones corruptas, permitió que mi hija sea puesta en situación de adopción, pese a estar bien cuidada y no presentar problemas”, expresó Brockmans.
Una Alemania en crisis
Brockmans relaciona su difícil situación con la crisis actual que atraviesa Alemania, un país que, según describe, no es el mismo de hace una década. “Desde la guerra en Ucrania, todo ha empeorado: la falta de vivienda, la escasez de empleados profesionales en todas las ramas y el cierre masivo de negocios”, aseguró.
Esta realidad se refleja en problemas como la creciente dificultad para encontrar vivienda. Brockmans señala que es habitual que propiedades permanezcan vacías durante meses o incluso años, debido a complejos intereses políticos o la decisión de propietarios de no alquilarlas. “En muchas ciudades hay bloques enteros deshabitados, pero mientras tanto, las familias y refugiados como yo no tienen acceso a un lugar seguro para vivir”, explicó.
La crisis también afecta los servicios básicos, como el acceso a guarderías. La madre denunció que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo conseguir un lugar para su hija debido a la rigidez del sistema. “Todo es por citas que pueden tardar hasta año y medio, y la burocracia hace imposible resolver algo por teléfono o correo electrónico”, detalló.
Un sistema que prioriza intereses económicos
Según Brockmans, el sistema de bienestar alemán, en lugar de brindar apoyo, utiliza la vulnerabilidad de las familias para su propio beneficio. “El Jugendamt ve a mi hija como una presa fácil, porque es una niña bien cuidada y sin problemas genéticos. Ellos priorizan casos como el mío porque les genera ingresos de los fondos destinados a adopciones. Mientras tanto, los niños que realmente están en las calles no son considerados para adopción porque no les representan el mismo interés económico”, afirmó.
Un llamado desesperado por justicia
Brockmans hizo un llamado a abogados y defensores de derechos humanos, especialmente en República Dominicana, para que le ayuden a recuperar a su hija. “No sé nada de ella, no sé cómo está ni dónde está. Solo quiero justicia para nosotras”, declaró con angustia.
El caso plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de bienestar alemán en un contexto de crisis social y económica. Además, expone la creciente vulnerabilidad de migrantes y refugiados frente a un sistema burocrático que, según los denunciantes, está más enfocado en estadísticas y fondos económicos que en los derechos humanos.
Al cierre de esta nota, ni el Jugendamt ni el Instituto para Madres e Hijos han ofrecido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la realidad descrita por Brockmans resuena con las experiencias de muchas familias que, en un contexto de incertidumbre global, enfrentan un sistema cada vez más restrictivo y menos solidario.