La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que su administración no se opondrá a las órdenes migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la posible pérdida de fondos federales destinados a ayudas sociales y a la reconstrucción de la Isla. Su postura se dio a conocer tras una reunión en La Fortaleza con altos funcionarios del gobierno federal, en la que se discutieron los recientes operativos de detención y deportación de inmigrantes con estatus irregular en Puerto Rico.
Durante el encuentro, González enfatizó que las acciones federales se centran en personas con historial delictivo, aunque líderes comunitarios han denunciado que se están realizando detenciones arbitrarias, afectando a inmigrantes sin antecedentes criminales. En respuesta, la gobernadora aseguró que su administración está estableciendo protocolos para manejar la situación de las familias afectadas, trabajando en coordinación con el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación para mitigar el impacto en comunidades vulnerables.
Impacto de las deportaciones en Puerto Rico
Los operativos han generado un impacto significativo en barrios con alta presencia de inmigrantes, particularmente en Barrio Obrero en Santurce, Carolina y otros municipios del área metropolitana. De acuerdo con datos presentados en la reunión, en 2024 se registraron 900 deportaciones en la Isla, afectando a ciudadanos de países como China, Afganistán, Brasil, Rusia, Colombia y República Dominicana.
Además, la gobernadora reveló que el 44 % de los fugitivos buscados por agencias federales en Puerto Rico son extranjeros con estatus migratorio irregular. Según su declaración, el gobierno federal ha identificado a estos individuos como prioridad en las redadas y continuará con los arrestos y deportaciones.
A pesar de las críticas de diversos sectores, González defendió la ejecución de estas políticas, señalando que Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump, ya que el gobierno federal ha advertido que los estados o territorios que no cooperen podrían perder acceso a fondos federales.
Medidas del gobierno local y reacción de la comunidad
En paralelo a estas acciones, la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Janet Parra Mercado, emitió una directriz a las fiscalías de distrito para que elaboren listas de víctimas y testigos de delitos sin estatus migratorio regularizado. Esta medida busca establecer un protocolo para proteger a estas personas y garantizar que su situación migratoria no les impida colaborar con las autoridades en investigaciones criminales.
Sin embargo, la comunidad inmigrante y sus representantes han expresado preocupación ante la manera en que se están desarrollando los operativos. José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, denunció que las detenciones están afectando a personas sin antecedentes delictivos, algunas de las cuales han sido presentadas ante la opinión pública como delincuentes sin pruebas suficientes. Rodríguez advirtió que al menos dos casos podrían derivar en demandas civiles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría poner en entredicho la legalidad de algunos arrestos.
Los líderes dominicanos en la Isla han calificado las intervenciones federales como una "cacería de brujas", advirtiendo que las deportaciones indiscriminadas podrían generar una crisis humanitaria y económica. De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de EE.UU., la población dominicana en Puerto Rico superaba las 55,000 personas en 2020, lo que la convierte en la comunidad inmigrante más numerosa en la Isla.
Postura de la gobernadora y próximos pasos
A pesar de las preocupaciones de la comunidad, González ha reafirmado su respaldo a las acciones migratorias del gobierno federal, señalando que su administración no ha sido requerida para participar activamente en la ejecución de estas órdenes, aunque sí busca establecer protocolos para la gestión de casos sensibles en iglesias, hospitales y escuelas. La gobernadora enfatizó que los operativos no están dirigidos específicamente contra la comunidad dominicana, sino contra individuos con antecedentes criminales.
No obstante, esta postura contrasta con declaraciones previas de la gobernadora. El pasado 20 de enero, González había asegurado que las órdenes de deportación no tendrían impacto en Puerto Rico, argumentando que las medidas migratorias de Trump estaban enfocadas en la crisis en la frontera entre Texas y México. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado lo contrario, con detenciones masivas en la Isla que han despertado alarmas en la comunidad inmigrante.
Durante la reunión en La Fortaleza, González también destacó que la implementación de estas medidas traerá mayores recursos federales de seguridad a Puerto Rico, lo que, a su juicio, representa una oportunidad para fortalecer la lucha contra el crimen en la Isla. En la misma línea, Rebecca González Ramos, jefa del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico, advirtió que todo inmigrante en la Isla debe portar documentos que acrediten su residencia legal, ya que podría ser detenido en caso de ser interceptado en uno de los operativos.
Por el momento, el Departamento de Justicia no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre cómo se manejarán los casos de testigos y víctimas de delitos sin estatus migratorio regularizado. Tampoco se ha confirmado si habrá mecanismos de protección específicos para estas personas.
Conclusión
El gobierno de Puerto Rico se encuentra en una posición delicada respecto a la política migratoria de Trump. Mientras la gobernadora González insiste en que el cumplimiento de estas órdenes es esencial para evitar sanciones económicas y la pérdida de fondos federales, los líderes comunitarios denuncian que las deportaciones han derivado en una persecución indiscriminada contra inmigrantes, particularmente dominicanos.
Con el aumento de las redadas y las medidas de control migratorio, queda por verse cómo se desarrollarán los operativos en las próximas semanas y cuál será el impacto real sobre la comunidad inmigrante en Puerto Rico.