Azua, RD. La Comisión de Derechos Humanos de Azua ha hecho una grave denuncia sobre los presuntos abusos y torturas a los que son sometidos los prisioneros en la cárcel del kilómetro 15, ubicada en la provincia de Azua. Según Marcos Lorenzo, presidente de la comisión, en este penal existe una zona conocida como "La Plancha", donde se aplican castigos físicos y maltratos extremos a los internos.
El comisionado de Derechos Humanos en Azua reveló que los prisioneros de "La Plancha" están sometidos a condiciones inhumanas. En esta área, los reclusos lo están golpeando y sometiendo a torturas, una situación que, según Lorenzo, es completamente inaceptable. "Cuatro o más reos se encuentran en espacios reducidos, donde reciben golpes y tratos crueles", comentó el presidente de la Comisión.
Ante las alarmantes denuncias, Lorenzo se presentó en el penal con la intención de investigar la situación de cerca, pero se encontró con un obstáculo: las autoridades del centro carcelario no le permitieron el acceso. Según el presidente de la Comisión, la negativa a permitirle ingresar fue inmediata, lo que suscitó aún más preocupación por la posible existencia de irregularidades en la gestión de la cárcel.
Autoridades desaparecen tras la denuncia
Lorenzo también señaló que, tras su intento de acceso al penal, tanto el director de la cárcel como el coronel a cargo del recinto han desaparecido, lo que incrementa las sospechas sobre las prácticas que se están llevando a cabo en el lugar. "Nosotros no queremos que esto siga ocurriendo", expresó Lorenzo, refiriéndose a la situación de los prisioneros y a la falta de respuestas por parte de las autoridades.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Azua manifestó su rechazo absoluto a los maltratos que se siguen aplicando en la cárcel, calificando estas prácticas como “salvajes” y completamente incompatibles con los derechos humanos. “Es inhumano que, en pleno siglo XXI, en una cárcel de nuestro país, se siga tratando a los prisioneros de esta manera”, afirmó Lorenzo.
En este sentido, la Comisión ha dejado claro que se consideran responsables a las autoridades carcelarias por cualquier daño que pueda sufrir un recluso en el futuro. La situación sigue siendo motivo de preocupación para los defensores de los derechos humanos en la región.
