La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha sometido a consulta pública una propuesta de modificación al Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros. Esta iniciativa marca un paso importante hacia una mayor equidad y transparencia en la relación entre las entidades bancarias y sus clientes. Sin embargo, su implementación tendrá implicaciones significativas para los bancos, tanto operativas como legales, que deberán adaptarse a un nuevo entorno normativo más exigente.
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del control sobre el diseño y promoción de productos financieros. Esto obligará a las entidades a someter sus ofertas y campañas publicitarias a mayores filtros regulatorios, revisar internamente sus políticas comerciales y adoptar prácticas más alineadas con los perfiles de riesgo y necesidades del usuario. También se introduce la obligación de suspender el cobro de montos en disputa mientras se investigan consumos no reconocidos, lo cual podría afectar la liquidez temporal de las entidades y exigir un manejo más riguroso de los reclamos.
Además, se contempla el derecho del usuario a retractarse de un contrato dentro de un plazo específico, así como un tiempo de reflexión antes de su firma. Estas disposiciones implican una transformación en los procesos comerciales de los bancos, exigiendo mayor claridad y transparencia en las condiciones de contratación, y un enfoque más centrado en decisiones financieras informadas. Por otro lado, se amplía el plazo para presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Bancos cuando las respuestas de las entidades no sean satisfactorias o no se entreguen en el tiempo previsto, lo que aumenta la presión sobre los departamentos de atención al cliente y cumplimiento normativo.
El proyecto propone también la estandarización de términos relacionados con tasas y tarifas, lo que obliga a los bancos a revisar sus documentos contractuales y su comunicación con los clientes. Esta medida facilita las comparaciones entre productos y promueve una competencia más justa, aunque puede limitar las estrategias de diferenciación. Se prohíben además las cláusulas que permiten cambios unilaterales en tasas de interés, lo cual reduce la flexibilidad financiera de las entidades y exige establecer criterios más transparentes para cualquier variación.