Amnistía Internacional (AI) solicitó este miércoles al Gobierno de la República Dominicana detener las expulsiones colectivas de haitianos y revocar el nuevo protocolo sobre el acceso de servicio sanitario vinculados con las deportaciones, iniciado el pasado lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la inmigración irregular desde Haití.
En ese sentido, la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, dijo a través de un comunicado que la implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica “no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro”.
Las medidas “acentúan el desafío del Gobierno a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y las recomendaciones de derechos humanos emitidas al país por parte de organismos internacionales”, añadió.
Además, “violan el propio principio constitucional de la República Dominicana sobre acceso gratuito y universal a la salud, institucionalizando la discriminación contra todas las personas migrantes, pero más directamente a las personas haitianas sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y personas dominicanas de ascendencia haitiana”.
Recomendó al Gobierno de Abinader que “debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización”.
Implementación de medidas y estadísticas
Desde el pasado 6 de abril, alrededor de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en 33 hospitales, desde el primer día en que fueron implementadas las 15 medidas anunciadas por el presidente del país, Luis Abinader.
Según el protocolo de salud actual, inspectores y agentes migratorios comprobarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación legítima, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
De no tener la documentación legal, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, como anunció Abinader en un mensaje a la nación, en el que recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana “marcharse voluntariamente” o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados».
Desde octubre de 2024, se han ejecutado más de 180,000 deportaciones, que constituyen prácticas de expulsión colectiva prohibidas por el derecho internacional, de acuerdo con la organización internacional, que llamó a la población dominicana «a rechazar estas medidas crueles y racistas».
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.