BOLIVIA.– La detención de la jueza boliviana Lilian Moreno ha desatado una nueva ola de controversia política y jurídica en el país. La magistrada, conocida por anular recientemente una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, fue arrestada este lunes por agentes policiales, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción.
Según informó el Ministerio de Gobierno a medios locales, Moreno fue interceptada mientras transitaba por el kilómetro 14 hacia el municipio de La Guardia. De manera preliminar, se confirmó que sería trasladada vía aérea a la ciudad de La Paz, donde deberá enfrentar una audiencia de medidas cautelares. La orden fue firmada por el fiscal Fernando Espinoza, y responde a acusaciones por los delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, tras su fallo favorable a Morales.
La versión oficial: procedimiento por presuntos delitos
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la jueza no asistió a una audiencia de acción de libertad presentada a su favor, y había solicitado una licencia que fue revocada el pasado viernes por el Tribunal Departamental de Justicia. El ministro de Justicia, César Siles, confirmó la acción penal interpuesta en su contra y defendió la legalidad del proceso.
La versión crítica: una detención que sería ilegal y política
Sin embargo, desde sectores cercanos al expresidente Evo Morales, se denuncia que la aprehensión de Moreno constituye un acto de “terrorismo de Estado”. Según el abogado Jorge Pérez, la jueza no podía ser arrestada mientras resolvía una acción constitucional, sin que previamente el Tribunal Constitucional Plurinacional revisara el fallo y emitiera un informe al Ministerio Público, tal como establece la normativa vigente.
“La aprehensión de la jueza Moreno pone en evidencia la falta de respeto a la independencia de poderes”, denunció la emisora afín a Morales, Radio Kawsachun Coca. Además, acusan al gobierno de doble moral, permitiendo la permanencia de “magistrados autoprorrogados” mientras se persigue judicialmente a quienes no se alinean con el oficialismo.
Este nuevo episodio reaviva el debate sobre la independencia judicial en Bolivia, en un contexto político altamente polarizado.