En los papeles, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tenía un solo sistema para recaudar y administrar los pagos por licencias de conducir y servicios de tránsito.
En la práctica, según la acusación del Ministerio Público, existían dos circuitos financieros paralelos que drenaban fondos públicos y ciudadanos hacia las mismas manos.
El expediente de la Operación Camaleón detalla cómo Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. —dos empresas formalmente distintas, pero controladas por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)— trabajaban de manera coordinada para capturar dinero desde ambos extremos del sistema: el Estado y el ciudadano.
Fue, en palabras de los fiscales, "una doble estafa estructurada y permanente".
El circuito del Estado
La primera vía operaba a través de Dekolor S.R.L., contratista del Intrant desde 2020 para la emisión y renovación de licencias de conducir.
El contrato, suscrito inicialmente por el exdirector del Intrant Rafael Arias Ramírez, fue ampliado en tres ocasiones mediante adendas irregulares.
Cada modificación aumentaba los montos y extendía los servicios, hasta convertir a Dekolor en un monopolio no fiscalizado que manejaba todos los ingresos derivados del proceso de licencias.
El Ministerio Público comprobó que las adendas 001-2021 y 002-2023 nunca fueron registradas ante la Contraloría, y que la tercera, firmada en julio de 2024, reconoció una deuda ficticia de 936 millones de pesos, calculada a partir de "proyecciones futuras de facturación".
La maniobra permitió inflar los compromisos del Estado y justificar pagos sin respaldo presupuestario.
El expediente detalla que los precios unitarios también fueron manipulados: un examen médico psicofísico pasó de 1,000 pesos a 1,522 pesos, sin justificación técnica.
El resultado fue un aumento acumulado de más del 50 % en los costos al usuario, mientras las adendas se convertían en el canal de salida del dinero público.
El circuito del ciudadano
La segunda vía operaba a través de PagoRD Xchange S.R.L., una empresa originalmente inmobiliaria, transformada en 2021 en una supuesta procesadora de pagos electrónicos.
Sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni experiencia técnica, fue designada por el Intrant para cobrar las tasas de licencias y otros servicios, bajo una comisión del 10 % por transacción.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entre 2021 y 2024 el Intrant generó ingresos por 829 millones de pesos en servicios de licencias, pero PagoRD solo transfirió 89 millones de pesos a las cuentas institucionales.
El faltante asciende a 730 millones pesos, fondos que habrían sido desviados a empresas y cuentas personales vinculadas a Gómez Canaán.
El análisis de trazabilidad bancaria muestra que parte de esos recursos terminó en OML Inversiones S.R.L., compañía utilizada para adquirir apartamentos en Piantini y villas en Cap Cana y Jarabacoa.
Otros montos se triangularon a través de Transcore Latam y Aurix S.A.S., completando lo que los fiscales describen como una red de lavado de activos basada en la recaudación pública.
Dos caminos, un mismo destino
En conjunto, los dos circuitos —Dekolor, desde el presupuesto estatal; y PagoRD, desde el pago del ciudadano— movilizaron más de 1,660 millones de pesos, todos bajo control del mismo beneficiario final.
El expediente describe la estructura como un espejo financiero: mientras una empresa cobraba de más al Estado, la otra se quedaba con lo que debía entregar al Estado.
El Ministerio Público argumenta que la coordinación entre ambas fue deliberada.
Dekolor justificaba pagos millonarios mediante adendas infladas, y PagoRD los canalizaba hacia cuentas de empresas del mismo grupo, completando el ciclo del dinero.
La relación se sustentaba en contratos firmados por funcionarios del Intrant que omitieron controles, aprobaron aumentos retroactivos y autorizaron operaciones fuera del marco legal.
El modelo del "camaleón financiero"
Los fiscales llaman a este patrón "la matriz del fraude".
Las empresas, legalmente constituidas y activas en el registro mercantil, operaban como vehículos de paso para simular competencia, procesar pagos o justificar deudas, adaptándose a cada cambio de administración o de dirección institucional.
Ese mecanismo de flexibilidad —mimetizarse dentro del sistema público— dio nombre a toda la operación.
El expediente no se limita a las cifras. Describe la arquitectura del engaño: contratos "a la medida", certificados falsos de apropiación presupuestaria, informes inflacionarios manipulados y movimientos financieros coordinados entre sociedades creadas por el mismo grupo.
En su conjunto, una maquinaria que, según el Ministerio Público, convirtió la digitalización del tránsito en un sistema de extracción de fondos públicos y privados.
La Operación Camaleón sigue bajo control judicial, con 17 imputados entre personas físicas y jurídicas.
Pero su trama financiera —dos empresas, dos flujos de dinero, un mismo destino— resume el alcance del caso: una estafa que empezó en los semáforos y terminó en las cuentas bancarias.
