En medio de las discusiones sobre la reforma electoral y constitucional, ha resurgido una propuesta que despierta pasiones: permitir que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan ejercer su derecho al voto.
El planteamiento, aunque legítimo desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, toca fibras sensibles en un país donde la historia ha enseñado que la neutralidad de los cuerpos armados es vital para la estabilidad democrática. La Constitución dominicana es clara: los militares y policías son instituciones apolíticas, obedientes y no deliberantes. Es decir, su rol no es decidir quién gobierna, sino garantizar que el orden constitucional se cumpla.
Quienes apoyan la propuesta alegan que no hay democracia plena si se niega el voto a una parte del pueblo. Argumentan que muchos países modernos, incluyendo Estados Unidos, Colombia o España, permiten que los uniformados voten sin que esto comprometa su institucionalidad. Y es cierto: el voto no necesariamente implica militancia.
Sin embargo, la realidad dominicana exige cautela. En un sistema todavía frágil, donde las jerarquías militares y policiales son verticales y las influencias políticas no siempre están ausentes, abrir la puerta al voto uniformado podría convertirse en un arma política dentro de los cuarteles. La línea entre la lealtad institucional y la simpatía partidaria puede volverse difusa, y eso pondría en riesgo el principio mismo del Estado de derecho.
Más que excluir, el desafío es fortalecer la educación cívica y la ética institucional. Llegará el día en que la madurez democrática del país permita discutir este derecho sin temor ni sospecha. Pero hoy, quizás la prioridad no sea ampliar el padrón electoral, sino reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones que deben protegerla.
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