Santo Domingo. — Un amplio reportaje presentado por la periodista Nuria Piera destapó nuevos detalles sobre una presunta red de empresas privadas que, desde 2020, habría manipulado licitaciones públicas en instituciones del Estado dominicano, obteniendo adjudicaciones por miles de millones de pesos.
El esquema, descrito por las autoridades como un “cártel de proveedores del Estado”, es objeto de investigación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Procuraduría General de la República, a raíz de un expediente depositado formalmente ante el Ministerio Público.
Montos millonarios bajo la lupa
Según los registros del portal MapaInversiones, la empresa Inversiones Q-TEK SRL acumula más de RD$ 785.8 millones en contratos adjudicados en el Estado, distribuidos en al menos ocho procesos distintos.
Solo en una licitación de abril de 2025, esta compañía recibió más de RD$ 523 millones por la compra de electrodomésticos y alimentos para programas sociales.
Otra de las firmas vinculadas al caso, Mediterráneo Investments SRL, creada en julio de 2024, figura con una adjudicación de RD$ 3.4 millones (contrato PASP-CCC-SI-2025-0008) en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP).
No obstante, el reportaje de Nuria Investigación Periodística advierte que esta empresa ha participado en procesos que, en conjunto, superarían los RD$ 4,500 millones desde diciembre de 2024, cuando obtuvo su primer contrato en los Comedores Económicos.
De acuerdo con la DGCP, en 2023 el sistema público de contrataciones movió más de RD$ 210,525 millones en adjudicaciones, siendo el Plan Social y los Comedores Económicos dos de las entidades con mayor volumen de compras.
Cómo operaba el entramado
El esquema, según lo explicado por Carlos Pimentel, director de la DGCP, funcionaba mediante colusión empresarial:
“Se trata de un cártel organizado de proveedores que, con acceso a información privilegiada, coordinaba su participación en licitaciones para repartirse contratos simulando competencia.”
Entre los métodos empleados destacan:
• Pliegos técnicos diseñados a la medida, con requisitos específicos que solo ciertas empresas podían cumplir.
• Cartas de autorización de fabricante exigidas incluso para productos no tecnológicos (aceite, arroz, sardinas), cerrando el paso a otros oferentes.
• Vínculos societarios cruzados, donde las mismas personas figuraban en varias razones sociales participantes en un mismo proceso.
La periodista Nuria Piera reveló que varias de las empresas comparten direcciones y representantes, y que en algunos casos se utilizaron testaferros para mantener la apariencia de legalidad.
Empresas señaladas y prácticas cuestionadas
El programa identificó entre las compañías recurrentes a:
• Inversiones Q-TEK SRL,
• Tingle Business SRL,
• Empresas Integradas SAS,
• Comerzon SRL,
• Mediterráneo Investment SRL,
• Simplify Electronics, entre otras.
Los reportes mencionan que estas empresas concentraron hasta el 78 % de las adjudicaciones del Plan Social entre mayo de 2023 y abril de 2024, según datos de contrataciones públicas.
Además, se detectaron inconsistencias técnicas y sanitarias, como registros falsos de productos importados, equipos obsoletos requeridos en pliegos (neveras “Proxy”) y marcas sin presencia comercial en el país, importadas desde China y rebautizadas localmente.
Investigación abierta
El expediente, ya en manos del Ministerio Público, busca establecer responsabilidades penales y trazar la ruta del dinero en las licitaciones.
Pimentel recordó que “en toda práctica de corrupción en contrataciones públicas existe participación público-privada”, y que el Ministerio Público tiene plena libertad para profundizar hacia los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación.
Hasta la fecha, no se han presentado acusaciones formales contra todos los señalados. El caso permanece bajo investigación y rige la presunción de inocencia.
