En cuatro años, el Defensor del Pueblo casi duplicó su personal y elevó en más de un 145 % el monto total destinado a nómina. Sin embargo, el incremento no ocurrió en las áreas encargadas de atender casos y acompañar a la población, sino en departamentos internos y posiciones de alto nivel salarial, marcando una tendencia de expansión administrativa más que de fortalecimiento territorial.
Entre 2021 y 2025, el crecimiento estructural del Defensor del Pueblo ha sido sostenido. La institución pasó de administrar RD$6.5 millones mensuales en nómina a más de RD$16 millones para octubre de 2025, un incremento de 145.61 %, de acuerdo con registros institucionales revisados.
En ese mismo período, el número de empleados aumentó de 95 a 178, un crecimiento cercano al 90 %. No obstante, las áreas con mayor expansión no corresponden a gestión de casos, mediación o presencia territorial.
Áreas fortalecidas
Las direcciones con mayor incremento de personal y contratación fueron:
Oficina de Oportunidades
Comunicaciones
Tecnologías de la Información
Se trata de departamentos ligados mayormente a estructura interna, soporte institucional y producción comunicacional, lo que contrasta con la limitada expansión de oficinas provinciales o unidades especializadas para intervención directa.
Aumentos concentrados en la cúpula
La periodista Odalis Castillo, conductora del programa Toda la Verdad, analizó la nómina del Defensor del Pueblo y encontró que los incrementos salariales más significativos no se reflejan en el personal operativo que atiende casos ciudadanos, sino en los cargos de mayor jerarquía dentro de la institución.
Cargo 2021 2025 Variación
Defensor del Pueblo RD$250,000 RD$350,000 +40 %
(Pablo Ulloa)
Secretario General RD$190,000 RD$285,000 +50 %
(Harold Modesto)
Otros cargos clave mantienen salarios altos para estándares administrativos del Estado:
Adjuntos: RD$300,000
Directores: RD$220,000–RD$245,000
Jefes de despacho: RD$225,000
Delegados y coordinadores: RD$170,000
El patrón sugiere una pirámide salarial invertida, con una estructura robusta en los niveles superiores y menor proporción de personal orientado a atención en territorio.
Crecimiento hacia estructura, no hacia ciudadanía
La expansión administrativa no ha venido acompañada de una ampliación equivalente de servicios presenciales y cobertura nacional. La función primaria de la institución —defender derechos frente a entidades públicas— requiere presencia geográfica, seguimiento local y mediación directa en zonas vulnerables, aspectos que avanzan a un ritmo inferior al crecimiento presupuestario, pues desde el programa Toda La Verdad llamaron a la Defensoría del Pueblo solicitando información de e cuáles provincias tenían oficinas para que un ciudadano lleve alguna queja y le explicaron que sólo en Santo Domingo Este y Santiago, además del Distrito Nacional, lo que quiere decir que un ciudadano en Pedernales, Barahona, San Juan probablemente pierde hasta el deseo de denunciar en el camino de llegar a una oficina del Defensor del Pueblo.
Un modelo en riesgo de burocratización
Si bien el fortalecimiento presupuestario puede interpretarse como una apuesta estatal por consolidar la defensoría como órgano de tutela ciudadana, el uso de los recursos sugiere un crecimiento orientado a consolidar estructura orgánica y posicionamiento público más que impacto territorial.
Organizadores de políticas públicas consultados señalan que defensorías de otros países han enfrentado retos similares: expansión institucional sin expansión efectiva de servicios, riesgo que las convierte en actores institucionales más que en garantes ciudadanos.
Salarios altos, misión baja”: ADOCCO cuestiona uso del presupuesto
El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, considera que el incremento salarial concentrado en la cúpula del Defensor del Pueblo responde a una distorsión de prioridades institucionales.
“Esto naturalmente se inscribe en la falta de visión sobre lo que debe ser una distribución equitativa del salario. Es una práctica recurrente en varias instituciones y uno observa que se abandona el principio inicial de ‘ir a servir’, para dar paso a intereses internos y administrativos”, señaló.
La crítica no solo proviene de especialistas, sino también de usuarios que no han recibido una respuesta efectiva del órgano. El periodista Juan Carlos Navarro, quien a partir de un reportaje que se realizara para Toda la Verdad, donde se denunció la negación de servicios a ciudadanos en diversas instituciones públicas que mantienen prohibiciones por tipo de vestimenta, presentó una denuncia formal ante el Defensor del Pueblo, asegura que su caso no ha avanzado a pesar del tiempo transcurrido.
“Hace más de un año que puse la denuncia formal y lo único que ocurrió fue una llamada meses después para decirme que el caso estaba en proceso y que se estaban enviando comunicaciones a las instituciones involucradas. Después de eso, nada más. No me llamaron a una reunión, no hubo encuentro con representantes de esas entidades, una resolución con resultados… nada de lo que un ciudadano esperaría.”
Navarro explicó que su denuncia buscaba evitar excesos como el que vivió cuando fue impedido de entrar a una institución pública por vestir bermudas, y recordó otros casos similares, como el de un ciudadano que acudió a pagar impuestos con una lesión en el pie por lo que usaba sandalias, pero fue igualmente rechazado.
“Se supone que el Defensor del Pueblo está para proteger derechos básicos en situaciones como estas, no para limitarse a enviar comunicaciones sin dar seguimiento real”, concluyó.
