El Centro Penitenciario Las Parras fue entregado en agosto de 2020 con más de un 90 % de ejecución aparente. A simple vista, parecía listo para entrar en operación. Pero una revisión técnica reveló lo contrario: no existían actas de que alguna institución estatal recibiera formalmente la obra y las edificaciones no cumplían las condiciones mínimas para alojar internos ni para operar con personal penitenciario. Ese vacío documental marcó el inicio de un período de cuatro años de deterioro, retrasos, litigios y abandono.
Desde el principio, el penal era inhabitable. Faltaban instalaciones educativas y los talleres estaban muy por debajo de la escala requerida para la población prevista. Los sistemas de vigilancia presentaban fallos de diseño y varias estructuras resultaban incompatibles con los estándares de un centro de mediana seguridad. No había forma de saber qué entregaron realmente las constructoras ni cuál era el avance real del proyecto.
Fallas y un abandono que las agravó
La falta de responsables claros, producto de la inexistente recepción oficial, dejó al proyecto sin supervisión. La infraestructura se deterioró sin mantenimiento ni vigilancia, equipos desaparecieron y zonas previamente liberadas fueron ocupadas nuevamente por invasores. Pero buena parte de los problemas no nació en el abandono: estaban en la concepción misma de la obra.
1,720 agentes egresados del Instituto de Estudios Penitenciarios requerirá Las Parras para operar
El penal fue diseñado para más de 8,500 internos, una escala que hacía inviable cualquier modelo de rehabilitación individualizada. Su distribución en cuatro cuadrantes separados solo por malla ciclónica complicaba el control, aumentaba los desplazamientos internos y no respondía a los estándares de mediana seguridad. La ubicación también era problemática: una zona despoblada entre Santo Domingo y Monte Plata, lejos de tribunales y comunidades, con parte de las edificaciones levantadas sobre una cañada que se desborda cuando suben las aguas del lago Los Reyes.
RD$1,097 millones en movimiento de tierra
El acondicionamiento del terreno requirió más de 1,097 millones de pesos en movimiento de tierra. El acceso principal, de 1.4 kilómetros, dificultaba emergencias, visitas y transporte de personal. A esto se sumaba la mala calidad de diversos materiales: ventiladores fuera de especificación, equipos de acero inoxidable deteriorados pese a sus supuestas garantías, edificaciones sin utilidad operativa, kilómetros de vías internas y mallas ciclónicas instaladas sin un propósito claro.
El rediseño: 8 centros donde había 4
A partir de agosto de 2020 se inició un levantamiento técnico que propuso transformar la estructura original. La idea central era dividir los cuatro cuadrantes iniciales en ocho centros autónomos, cada uno con sus propias aulas, talleres, biblioteca, comedor y economato, para gestionar poblaciones más pequeñas y mejorar la seguridad. El rediseño contemplaba la creación de accesos adicionales para evitar el embotellamiento que provocaría un único punto de entrada a un complejo de más de ocho mil personas.
El planteamiento también incluía corregir las trece torres de vigilancia, cuyas puertas estaban orientadas hacia el exterior; eliminar 22 garitas exteriores sin función real; y simplificar las carreteras perimetrales, algunas duplicadas y otras trazadas con longitudes innecesarias que elevaban los costos de operación y demandaban más personal del necesario.
En teoría, las constructoras podían concluir la obra en ocho o nueve meses. El Gobierno transfirió 300 millones de pesos, pero los trabajos no avanzaron. La paralización se extendió mientras se resolvía un litigio sobre los contratos previos.
Una obra cada vez más perdida
El proyecto pasó del Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y luego al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, sin avances. Durante esos cuatro años, Las Parras quedó expuesto al robo de equipos, pérdida de maquinarias y ocupaciones ilegales. Cuando el Ministerio de la Vivienda finalmente asumió el proyecto, solo recibió los planos: no había documentación técnica del estado real de la obra.
Un nuevo levantamiento, que tomó seis meses, reveló deficiencias educativas, insuficiencia en los talleres, problemas en las áreas de máxima seguridad y una infraestructura perimetral sobredimensionada: cinco capas de seguridad donde solo eran necesarias tres. También se detectó una distribución ineficiente de barberías y economatos —once de cada uno, dispersos en patios internos—, lo que aumentaba el personal requerido y elevaba riesgos. La recomendación fue integrarlos dentro de las áreas de lavandería y de comedores, respectivamente.
La reorganización incluyó rediseñar estacionamientos, unificar áreas de visitantes y revisar la paleta de colores institucionales. El plan de avance planteaba concluir el primer cuadrante en cinco o seis meses y entregar cada uno de los restantes cada dos meses, priorizando los traslados desde recintos críticos como La Victoria.
Para operar plenamente, Las Parras necesitará 1,720 agentes penitenciarios formados en el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios, distribuidos en cuatro promociones entre finales de 2024 y septiembre de 2025.
El objetivo: recuperar lo recuperable
Cuatro años después, Las Parras entra finalmente en una fase de recuperación integral. El propósito es transformar un proyecto inconcluso, deteriorado y mal concebido en un centro funcional y seguro. La corrección de fallas de diseño, la reposición de equipos, la reorganización de espacios y una vigilancia reforzada son ahora los pilares para dotar al país de un sistema penitenciario acorde a sus necesidades presentes y futuras.
PLD dice Gobierno aumentó costo en RD$3,000 MM
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció ayer que el Gobierno del PRM ha elevado el costo del complejo penitenciario La Nueva Victoria, rebautizado por las autoridades como "Las Parras", en más de 3,000 millones de pesos, lo que, según la organización, constituye una grave falta de transparencia y responsabilidad fiscal.
En un comunicado, el PLD afirmó que los actuales funcionarios gubernamentales han distorsionado la información para justificar este incremento. Según la organización, el proyecto ya estaba terminado, equipado e inaugurado desde el 10 de agosto de 2020, durante la gestión peledeísta, y posteriormente fue certificado por la Procuraduría en junio del 2021.
El PLD recordó que la construcción del complejo formaba parte del plan de modernización y humanización del sistema penitenciario dominicano, diseñado para transformar los 41 centros carcelarios del país y construir nuevas instalaciones que pusieran fin al hacinamiento estructural.
Los 3,000 millones
De acuerdo con la nota del PLD, durante el período 2016-2020 se invirtieron 3,000 millones de pesos, provenientes del acuerdo con Odebrecht, y otros 6,500 millones de pesos del presupuesto estatal para financiar dicho plan penitenciario.
Afirma la obra ya estaba completa
La entidad política detalló que, pese a que la infraestructura estaba completa y operativa, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno aumentó el costo por medio de adendas y revisiones que no corresponden a mejoras cualitativas del proyecto, sino a cambios menores.
