La administración Trump anunció la suspensión inmediata de todas las solicitudes de inmigración procedentes de 19 países catalogados como “de alto riesgo”, una lista que incluye a Haití, nación que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente debido al colapso institucional, la violencia de pandillas y el éxodo masivo de su población.
La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llega tras el tiroteo en Washington D. C. que dejó dos miembros de la Guardia Nacional heridos —uno de ellos mortalmente— y cuyo presunto autor es un ciudadano afgano. El DHS afirmó, según publicó The Washington Post, que este caso detonó la decisión de detener los trámites migratorios.
Además de Haití, la suspensión afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Pero el impacto para los haitianos es especialmente grave:
- El país vive bajo el control de bandas armadas que dominan cerca del 80 % de Puerto Príncipe.
- Más de 400.000 personas están desplazadas internamente.
- Miles buscan cada semana rutas migratorias peligrosas, desde el Tapón del Darién hasta embarcaciones improvisadas rumbo a EE. UU.
- El sistema estatal está prácticamente colapsado y existe una emergencia alimentaria severa.
La suspensión eleva la incertidumbre para miles de familias haitianas que esperaban reunirse con parientes en EE. UU. o solicitar refugio por las amenazas de violencia extrema.
El memorando del DHS exige ahora que todas las personas nacidas en los países de la lista —o que posean esa ciudadanía— pasen por un proceso de revisión más estricto, lo que incluye entrevistas adicionales, verificación biométrica, análisis de redes sociales y antecedentes penales.
Abogados especializados advierten que esto abrirá la puerta a más rechazos y retrasos.
“El proceso ya era largo… ahora podría tardar dos o tres años, con solicitudes constantes de más pruebas”, dijo el abogado Todd Pomerleau.
Organizaciones de derechos humanos alertan que, en el caso de Haití, esos requisitos son prácticamente imposibles de cumplir, pues:
- gran parte de la documentación oficial ha sido destruida o es inaccesible,
- muchas instituciones estatales no están operando, y
- las personas que huyen de pandillas no pueden obtener certificados de antecedentes en zonas dominadas por grupos armados.
Analistas consultados por The Washington Post señalan que la política recuerda a medidas aplicadas tras el 11 de septiembre, cuando EE. UU. endureció controles migratorios contra ciudadanos de países específicos.
Para Haití, la decisión representa un golpe adicional en un momento en que:
- el país no tiene un gobierno electo,
- la policía se encuentra sobrepasada,
- los servicios básicos han colapsado,
- y miles de familias dependen de remesas y reunificación familiar en Estados Unidos.
La suspensión también podría aumentar los flujos migratorios irregulares, ya que muchas personas, al ver bloqueadas las vías legales, optan por rutas más peligrosas a través de América Latina.
Especialistas como Sameer Ashar, profesor de derecho en la Universidad de California, consideran que los solicitantes —incluidos los haitianos— ya enfrentan un proceso “muy exhaustivo”, y califican las nuevas restricciones como “otro filtro de exclusión”.
La académica Raquel Aldana advirtió que la administración está agregando “criterios nebulosos y poco definidos” para negar solicitudes, lo que podría ser impugnado en tribunales.
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