Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los responsables de defraudar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
Reynoso subrayó que la ARS pública pertenece a todos los ciudadanos y que la corrupción en este sector afecta directamente el derecho constitucional a la salud, especialmente de los más necesitados
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población deberán responder por sus hechos criminales”, indicó.
Un fraude a gran escala
Según las pesquisas, el entramado fraudulento dirigido Santiago Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa incluyó sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento legal para distraer fondos, con la participación de funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud, causando un perjuicio millonario al Estado.
Los detenidos son: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El grupo está imputado por delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La operación contó con la participación de 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos. Además, varias personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación con miras a su futura judicialización conforme avancen las indagatorias del Ministerio Público.
La Operación Cobra es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con un equipo de fiscales especializados en criminalidad organizada.
