La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) realizaron un operativo conjunto en el municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, donde nuevamente fue detectada una conexión ilegal en la Fundación Hospedero de Jesucristo, dirigida por José Agustín Martínez, quien, según las autoridades, se hace pasar por pastor.
Este operativo forma parte del seguimiento iniciado meses atrás, cuando la fundación fue descubierta operando con una conexión directa, sin contrato ni medidor. Tras aquella intervención, Martínez procedió a regularizar la situación y contrató el servicio eléctrico. Sin embargo, después de instalado el medidor, las brigadas técnicas detectaron una manipulación que alteraba el registro real del consumo.
El equipo fue enviado al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), donde se confirmó un subregistro de 87.42 %, evidencia de una intervención destinada a reducir la facturación mensual. Con este hallazgo, quedó comprobada la reincidencia en prácticas fraudulentas: primero mediante conexión ilegal y luego con la manipulación del medidor contratado.
Consumo incompatible con la carga instalada
Durante la inspección más reciente, el personal técnico verificó que el consumo reportado, apenas 1,829 kWh mensuales, no corresponde al nivel de carga instalada en la fundación.
En el lugar operan cuatro aires acondicionados de 12,000 BTU, seis aires acondicionados de 18,000 BTU, dos bebederos de agua fría y caliente, una nevera ejecutiva, una laptop, dos televisores de 32” y 42”, catorce luminarias de 9 watts y una bomba de agua de 3/4 HP.
Esta infraestructura demanda un consumo significativamente mayor al reflejado en la facturación, lo que ratifica la existencia del fraude eléctrico.
Amenazas al personal técnico
EDEESTE recordó que, en un video difundido en septiembre, se observó a José Agustín Martínez, junto a otra persona en una escalera, realizando una conexión irregular y amenazando a los brigadistas de la empresa. La distribuidora calificó este comportamiento como un acto de intimidación contra su personal en pleno ejercicio de sus funciones.
La empresa lamentó profundamente la conducta de Martínez y condenó que, ostentando la condición de pastor y líder comunitario, incurra repetidamente en acciones que violan la ley y ponen en riesgo el sistema eléctrico y la calidad del servicio.
