Monte Plata, RD.– Familiares y dirigentes comunitarios se congregaron frente al Palacio de Justicia de Monte Plata para solicitar a las autoridades judiciales un cambio de medida a favor del señor Epifanio Castro del Carmen, de 92 años y quien cumple una condena de cinco años de prisión en la cárcel de San Luis, pese a presentar graves condiciones de salud.
Dos sobrinas del envejeciente, Ingrid Hanoica Jiménez e Isi Yumaira Ortiz, denunciaron que su pariente padece demencia senil, requiere el uso permanente de pañales desechables y se encuentra en un avanzado estado de deterioro físico, por lo que consideran inhumano que continúe privado de libertad en un centro penitenciario.
Explicaron que el conocimiento del caso ha sido reenviado en múltiples ocasiones, alegadamente por fallas en el sistema carcelario y judicial, lo que ha impedido que se conozca de fondo la solicitud de un cambio de medida acorde con la condición médica y edad del condenado.
Los familiares dicen que el proceso judicial se originó tras una riña entre dos hombres de edad avanzada, ocurrida cuando el hoy condenado presuntamente reclamaba el pago de una deuda de unos 3 mil pesos. En el incidente, ambas partes resultaron con heridas, razón por la cual los denunciantes consideran que la pena impuesta resulta desproporcionada, tomando en cuenta la edad y el estado físico y mental del sentenciado.
En ese sentido, la familia apeló a la Ley 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente, la cual establece un trato especial y humanitario para los adultos mayores, y solicitó que en la audiencia pautada para el día 10 se evalúe la concesión de una medida alternativa a la prisión, como la reclusión domiciliaria u otra que garantice su atención médica y dignidad.
Gabino Peguero, presidente de la Junta de Vecinos del municipio de Sabana Grande de Boyá y amigo de la familia Castro, expresó su preocupación debido a que, existiendo un centro penitenciario en Monte Plata, el envejeciente cumple su condena en la cárcel de San Luis, situación que —según indicó— agrava su estado de salud y dificulta el contacto familiar.
Finalmente, los denunciantes reiteraron su llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que se haga justicia y se valore la condición humana del envejeciente, conforme a las leyes vigentes y a los principios de respeto y dignidad de las personas adultas mayores.
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