La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó hoy su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido, en su informe final, las alternativas presentadas por el sector empleador orientadas a modernizar el Código de Trabajo y reducir los costos operativos que limitan el crecimiento de las empresas, en las que plantea limitar el astreinte establecido en el artículo 86, proponiendo un tope de seis meses a estas sanciones pecuniarias.
El artículo 86 del Código de Trabajo de la República Dominicana, establece que el empleador tiene un plazo máximo de diez días laborables para pagar las indemnizaciones por desahucio (preaviso y auxilio de cesantía) tras la terminación del contrato. Si incumple, debe pagar un día de salario adicional por cada día de retraso, No obstante, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, planteó modificar este punto con el objetivo de limitar las sanciones económicas y, según afirmó, proteger la estabilidad de las empresas nacionales.
En ese sentido, en reiteradas ocasiones, el ministro de trabajo, Eddy Olivares y el presidente de la Comisión que estudia el proyecto de modificación al código, han afirmado que no modificarán la cesantía, bajo ninguna circunstancia.
La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, señaló que para que la reforma laboral cumpla con su objetivo de fomentar la creación de empleos formales y elevar la competitividad del país, es imperativo abordar aspectos estructurales que hoy representan una carga desproporcionada para el sector productivo nacional.
Dentro de las sugerencias fundamentales entregadas por la institución para ser incorporadas en la pieza legislativa la dirigente empresarial destacó la necesidad de limitar el astreinte establecido en el artículo 86, proponiendo un tope de seis meses a estas sanciones pecuniarias para evitar que multas acumulativas comprometan la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, la institución aboga por una revisión profunda en el método de cálculo de la cesantía, sugiriendo que se realice sobre la base del salario promedio para aportar mayor previsibilidad a los costos de terminación de contrato y garantizar la estabilidad financiera de las organizaciones.
De igual manera, Copardom solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, lo que permitiría una gestión financiera más real y transparente de las obligaciones patronales.
Complementando estas medidas, Peña Izquierdo plantea incrementar el período de prueba de tres a seis meses, una práctica que ya se viene implementando con éxito en otros países de la región y que permitiría una mejor evaluación, capacitación y adaptación del talento humano a los puestos de trabajo.
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