La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) denunció ayer a través de un comunicado de prensa que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) han incursionado en propiedades privadas y proyectos de construcción en distintas zonas del país durante horas de la madrugada sin orden judicial, lo que calificó como una "vía de hecho" y un exceso contrario al Estado de derecho.
El presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez, afirmó que estas actuaciones vulneran derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicana, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso.
"Estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni decomisar bienes de trabajadores o empresas sin amparo legal", expresó Rodríguez.
La asociación sostuvo que apoya los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, pero advirtió que esos procesos deben realizarse "dentro del marco jurídico establecido", evitando actuaciones arbitrarias que afecten las garantías constitucionales y la seguridad jurídica del sector construcción.
Respuesta de Migración
En tanto que la Dirección General de Migración declaró que cuenta con respaldo legal para inspeccionar construcciones y lugares de trabajo sin necesidad de una orden judicial.
La Migración sostiene que esa facultad se deriva de la Ley 285-04, que regula los flujos migratorios en el país. En particular, el Artículo 6, numeral 14, faculta a la DGM a "inspeccionar los lugares de trabajo".
Además, indica que el Artículo 107 establece que, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto, la DGM podrá efectuar inspecciones en los lugares de trabajo para tomar las medidas de lugar, sin perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda el Ministerio de Trabajo.
Argumentos
De acuerdo con el equipo jurídico de Aprocovici, las actuaciones denunciadas violan disposiciones expresas de la Constitución, entre ellas los artículos 44 (inviolabilidad del domicilio y respeto a la vida privada), 51 (derecho de propiedad), 68 (efectividad de las garantías constitucionales) y 69 (tutela judicial efectiva y debido proceso).
La entidad también citó la Ley General de Migración No. 285-04, la cual —subraya— no autoriza el ingreso a propiedades privadas sin orden judicial ni el decomiso de bienes fuera de un procedimiento administrativo o penal formalmente establecido.
En su declaración, Aprocovici calificó esas incursiones como una "vía de hecho", es decir, una actuación administrativa sin fundamento legal, que contraviene el principio de legalidad y el debido proceso.
El gremio advirtió que estas acciones no solo afectan los derechos individuales, sino que también "ponen en riesgo la imagen de la República Dominicana como un país seguro para la inversión" y generan incertidumbre entre los sectores productivos locales y extranjeros.
Rodríguez exhortó a las autoridades a revisar los protocolos de actuación de los agentes de Migración, con el fin de garantizar que los operativos se desarrollen dentro del marco constitucional y con respeto al derecho de propiedad.
"El respeto a la ley y a la propiedad privada es la base de la seguridad jurídica. Pedimos al Estado que mantenga el equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos consagrados por la Constitución", agregó el dirigente.
"Solo cuando hay evidencias"
La DGM insistió en que esas incursiones se realizan sólo cuando hay evidencias de que en las construcciones se esconden indocumentados y que siempre se hacen en el marco legal, para la defensa del orden, la seguridad ciudadana y con la prioridad de salvaguardar la integridad del territorio nacional.
Enfatizó que el presidente Luis Abinader y el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado han reiterado la importancia de mantener la paz social y la estabilidad institucional, por lo que las inspecciones deben interpretarse en el contexto de la protección de la seguridad pública y la soberanía, sin menoscabar derechos fundamentales.
