El sector educativo estadounidense enfrenta un nuevo desafío tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer una tarifa de 100,000 dólares para la solicitud de nuevas visas H-1B.
Según The New York Times, la medida podría impactar directamente la capacidad de escuelas, universidades y centros de investigación para contratar talento internacional en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina.
Líderes universitarios y representantes del sistema educativo han manifestado su preocupación ante el incremento.
Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, explicó que “muchas instituciones dependen de las visas H-1B para cubrir vacantes en campos STEM y medicina”, advirtiendo que el nuevo arancel “limitaría el flujo de médicos y especialistas extranjeros”.
Jeffrey P. Gold, presidente del sistema universitario de Nebraska, indicó que su institución emplea a unas 500 personas bajo este visado, la mayoría en tecnología y agricultura de precisión. “Si absorbemos este costo, reduciremos la cantidad de contrataciones”, afirmó. Según Gold, la falta de personal calificado podría traducirse en mayores tiempos de espera y demoras en la atención médica.
Instituciones reconsideran su participación en el programa
En la misma línea, Andrew Martin, rector de la Washington University en St. Louis, señaló que la universidad auspicia unas 285 visas H-1B cada año. “Una tarifa de 100,000 dólares por cada visa nos obligará a repensar nuestras prácticas de contratación”, comentó, subrayando la escasez de profesionales en especialidades críticas como anestesiología.
Por su parte, Elizabeth Kiss, presidenta de Union College en Nueva York, aseguró que su institución dejará de utilizar el programa: “No estamos en condiciones de asumir esa cifra. Representa un incremento de diez veces respecto a años anteriores”.
Escuelas públicas también se verían afectadas
El impacto no se limita a las universidades. Tara Thomas, gerente de la Asociación de Superintendentes Escolares (AASA), advirtió que la nueva política “eliminará prácticamente esta alternativa para los distritos escolares”, especialmente en áreas con déficit de docentes.
Wendy Birhanzel, superintendenta del Distrito Escolar Harrison 2 en Colorado Springs, explicó que su entidad cuenta con siete maestros bajo visa H-1B, principalmente de Filipinas, México e India. “Es difícil encontrar candidatos nacionales en matemáticas, ciencias o educación especial”, señaló.
La funcionaria alertó que, ante la imposibilidad de pagar los nuevos montos, los estudiantes podrían recibir clases de suplentes sin la preparación adecuada.
Expertos legales piden claridad sobre la medida
Sophie Alcorn, abogada de inmigración en Silicon Valley, explicó que “diversas universidades han pausado sus solicitudes H-1B por dudas sobre los criterios de exención”.
A su juicio, la falta de detalles sobre la aplicación de la medida genera incertidumbre y afecta la planificación presupuestaria de las instituciones educativas.
En contraste, Elizabeth Jacobs, directora del Center for Immigration Studies, defendió que la nueva tarifa busca “garantizar la legitimidad” de las solicitudes, aunque reconoció que se necesitan más precisiones sobre su implementación.
